El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos declaró que la acusación formal del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, representa apenas el inicio de una ofensiva contra la impunidad. En un mensaje difundido en la red social X, el comité señaló que 'se acabó la impunidad para los narcoterroristas' y advirtió que cualquier persona implicada en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense será responsabilizada. La publicación mencionó específicamente a Nicolás Maduro y a Rocha Moya, indicando que desde el líder venezolano hasta el gobernador sinaloense, todos serán hechos responsables.

La acusación presentada por el Departamento de Justicia detalla que Rocha Moya y los otros implicados, tanto funcionarios activos como retirados, están vinculados con delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Según el documento, los acusados habrían abusado de sus cargos para apoyar al Cártel de Sinaloa en sus actividades ilícitas a cambio de sobornos. En el caso específico del gobernador, se le acusa de haber garantizado su elección mediante intervención directa en el proceso electoral, incluyendo secuestros y presiones a la población.

La reacción del Comité de Asuntos Exteriores subraya una postura más agresiva de las autoridades estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción asociada. Al equiparar a Rocha Moya con figuras como Nicolás Maduro, el comité destaca la gravedad de las acusaciones y la determinación de Estados Unidos de perseguir a quienes facilitan el tráfico de drogas hacia su territorio. Este caso implica a un alto funcionario electo en México, lo que podría tener implicaciones significativas en las relaciones bilaterales entre ambos países.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó que cualquier acción debe basarse en pruebas contundentes y ajustarse a la legislación mexicana. Sheinbaum advirtió que, en ausencia de pruebas claras, las imputaciones podrían tener un trasfondo político y subrayó que México no permitirá injerencias extranjeras en asuntos que competen a su soberanía. La Fiscalía General de la República anunció que iniciará una investigación paralela para determinar si existen pruebas que sustenten las acusaciones hechas por las autoridades estadounidenses.

Este desarrollo refleja una estrategia más amplia de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, no solo enfocándose en los líderes de los cárteles, sino también en los funcionarios gubernamentales que presuntamente facilitan estas actividades. La acusación podría influir en la política interna de México, especialmente en lo que respecta a la percepción pública de la corrupción y la eficacia de las instituciones gubernamentales en la lucha contra el crimen organizado. La cooperación internacional en este ámbito requiere respetar la soberanía y los procedimientos legales de cada nación involucrada.