La revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha desatado una controversia diplomática y política en México. El afectado denunció públicamente la medida y acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de actuar con motivaciones políticas y autoritarias. En una carta dirigida al presidente Donald Trump, López Beltrán calificó la acción como una “canallada” y rechazó cualquier conducta ilegal o inmoral de su parte.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a López Beltrán y afirmó que la cancelación de visas es una decisión soberana y política de Estados Unidos. Sheinbaum subrayó que el gobierno mexicano no abrirá investigaciones sin pruebas formales de un delito y criticó lo que consideró una injerencia en la política nacional. Su postura refleja la tensión entre ambos gobiernos ante un mecanismo de presión que no implica sanciones directas al Estado mexicano.

El partido Morena también se pronunció a través de su presidenta, Ariadna Montiel, quien advirtió que no se permitirá la intervención extranjera en asuntos electorales. Montiel respaldó a López Beltrán y señaló que la cancelación de su visa busca incidir en el proceso electoral de 2027. Este posicionamiento refuerza la narrativa oficial de que las acciones de Washington tienen un trasfondo político.

La oposición llevó el debate al Congreso. En la Comisión Permanente, la senadora del PAN Lilly Téllez desafió a los legisladores oficialistas a romper públicamente sus visas en solidaridad con López Beltrán, pero ninguno aceptó. La discusión se centró en si la revocación de visados debe considerarse un asunto de soberanía nacional o una herramienta legítima de control migratorio y de seguridad.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado en el que afirmó que cualquier visa puede ser revocada cuando existen razones para hacerlo, sin importar el estatus o las afiliaciones políticas del titular. Este caso se suma a una serie de cancelaciones que, desde octubre de 2025, han afectado a al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, incluidos gobernadores como Marina del Pilar Ávila, Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Rubén Rocha Moya, en el marco de la ofensiva contra los cárteles.