Las muertes de migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han abierto un debate sobre los derechos de los mexicanos detenidos en Estados Unidos. El 18 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de un migrante en un centro de procesamiento de Laredo, Texas. Con ese caso suman 18 connacionales muertos en detención o bajo custodia del ICE desde que Donald Trump regresó al poder en enero de 2025.

Los operativos son constantes en California. El fiscal general estatal, Rob Bonta, presentó una nueva demanda contra el gobierno federal para frenar los arrestos migratorios en los alrededores de los tribunales estatales. Las muertes e irregularidades en los arrestos abren el debate sobre las garantías de los mexicanos detenidos por el ICE.

¿Qué derechos tiene un migrante en Estados Unidos?

Un mexicano detenido por el ICE conserva derechos fundamentales aunque carezca de documentos migratorios. La Constitución estadounidense protege a las personas que se encuentran en el país, aunque el alcance de algunas garantías depende de su situación y del procedimiento.

La Quinta Enmienda establece que ninguna persona puede ser privada de la vida, la libertad o los bienes sin el debido proceso legal. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha reconocido que estas garantías también alcanzan, con matices según las circunstancias, a personas extranjeras que están dentro del territorio.

El gobierno debe respetar el debido proceso antes de privar a una persona de su libertad o expulsarla del país; la protección frente a registros y detenciones irrazonables, conforme a la Cuarta Enmienda, aunque su aplicación depende de las circunstancias y del contexto migratorio; el derecho a no autoincriminarse en procedimientos penales; el acceso a representación legal en procedimientos migratorios, aunque por regla general el Gobierno no está obligado a proporcionar un abogado gratuito; y la asistencia consular para el proceso migratorio o penal.

Estas garantías no significan que una persona tenga derecho automático a permanecer en Estados Unidos. El Gobierno puede iniciar un procedimiento de deportación cuando corresponda, pero debe cuidar las reglas mencionadas.

¿Qué derechos tiene un mexicano detenido por el ICE?

Las detenciones del ICE suelen ser de carácter civil en materia de migración, aunque la agencia también puede intervenir en investigaciones y arrestos penales. Un detenido puede solicitar asistencia consular para notificar al consulado de su país de origen; representación legal mediante un abogado o representante autorizado, pagada por su cuenta; y, dependiendo del caso, cuestionar la legalidad de la detención mediante mecanismos judiciales para impugnar una detención ilegal o prolongada.

¿Qué debe respetar el ICE durante la detención de un migrante?

Entre las obligaciones señaladas están respetar los límites entre registros y detenciones irrazonables; cuidar el debido proceso y el derecho a no autoincriminarse; respetar las facultades legales de detención conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA); permitir la comunicación y asistencia consular; contar con un mecanismo para presentar quejas; prevenir abusos; y brindar atención médica.

El ICE establece que sus centros de detención deben cumplir con brindar atención médica, uno de los aspectos más criticados en la dependencia durante la administración de Donald Trump.

¿Puede el ICE usar la fuerza?

El uso de la fuerza está sujeto a las normas legales y operativas aplicables. El nivel de fuerza depende del riesgo existente y de la actuación de los agentes conforme a las circunstancias.

La fuerza no letal se permite cuando el agente tiene motivos razonables para considerar que es necesaria. Establece una fuerza mínima que puede aumentar si las acciones lo justifican. La fuerza letal aplica cuando el agente considera necesario usarla para protegerse a sí mismo o a otras personas de un peligro inminente de muerte o lesiones graves.

¿Cuántos migrantes detuvo el ICE?

El Instituto de Policía Migratoria reportó que el ICE ejecutó alrededor de 236 mil arrestos administrativos en el ejercicio fiscal 2025, el doble de los 113 mil 431 casos de 2024.

Para mayo de 2025, la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) encontró que 31 de los 33 centros incumplían algún estándar relacionado con una queja presentada. Por su parte, la organización de investigación sanitaria KFF contabilizó 33 muertes de personas bajo custodia o en centros de detención durante 2025, frente a 11 casos de 2024.