El Congreso capitalino estudia reformas a Códigos Civil y Penal locales - NTCD Noticias
Domingo 26 de enero de 2020

Ciudad

El Congreso capitalino estudia reformas a Códigos Civil y Penal locales

El Congreso capitalino estudia reformas a Códigos Civil y Penal locales

La diputada Lourdes Paz (MORENA) propuso reformar la fracción I del artículo 320 del Código Civil, relativa a las causales para el cese del pago de pensión alimenticia El diputado Eleazar Rubio (MORENA) presentó iniciativa para reformar el artículo 273 del Código Civil local y facultar a los notarios públicos para efectuar divorciosLa diputada Gabriela Quiroga (PRD) sugirió reformar artículos del Código Penal y establecer que la violencia familiar equiparada se persiga de oficio El diputado Temístocles Villanueva (MORENA) busca armonizar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación con la Constitución de la Ciudad de México

Para evitar evasiones en el pago de pensión alimenticia, el Congreso capitalino analiza una iniciativa para reformar el Código Civil local, relativa a las causales para su cese temporal o definitivo.

La diputada Lourdes Paz Reyes, integrante del grupo parlamentario de MORENA, explicó que esta propuesta busca resolver una contradicción legal entre la fracción I del artículo 320 del Código Civil y el numeral 303, que permite a los deudores alimentarios evadir su responsabilidad en perjuicio de los alimentistas, que mayoritariamente son menores de edad, lo que vulnera el principio del interés superior de la niñez.

“En la Ciudad de México, el Código Civil prevé las reglas aplicables a la obligación de proporcionar alimentos, en específico el artículo 320. Este contiene los supuestos en que procede la suspensión o el cese de este deber. Sin embargo, la fracción I de este numeral contiene una disposición imprecisa, susceptible de interpretaciones y que puede facilitar el incumplimiento de la obligación alimentaria afectando al acreedor, al restringir el acceso a la única fuente de ingresos o sustento que dispone”, indicó.

Señaló que esta fracción permite que la obligación alimentaria se suspenda cuando quien la tiene carece de medios para cumplirla, “circunstancia que puede resultar lasciva para el acreedor, pues facilita que el deudor se ubique o simule una situación de insolvencia para incumplir con su obligación”, mientras que el numeral 303 del propio Código señala que “sólo en caso de la imposibilidad o falta de los padres, la obligación alimentaria recaerá en otros ascendientes, pero no se contempla el cese de la obligación”.

Lourdes Paz puntualizó que conforme a criterios del Poder Judicial de la Federación, esta obligación sólo se suspenderá cuando se demuestre que física, mental o legalmente el deudor está impedido para atenderla, y cuando se manifieste una carencia de medios para cumplirla temporalmente, deberá revisarse en forma detallada, “pues si el hecho consiste en la falta momentánea de un empleo, se debe valorar si el deudor dispone de otros medios o recursos para cumplir con su obligación y, en su caso, la suspensión de la obligación podría ser por un lapso de tiempo y no facilitar el cese definitivo”.

Esta iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la fracción I del artículo 320 del Código Civil para el Distrito Federal, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Iniciativa para reformar el artículo 273 del Código Civil local y facultar a los notarios públicos para efectuar divorcios

A fin de disminuir la carga de trabajo de los Juzgados en materia Familiar, al facultar a los Notarios Públicos para efectuar el trámite de divorcio, el diputado Eleazar Rubio Aldarán presentó una iniciativa para reformar el artículo 273 del Código Civil para el Distrito Federal.

En su argumentación, el legislador del grupo parlamentario de MORENA destacó el considerable incremento en los divorcios que se ha registrado en la capital durante los años recientes, al pasar de 32 divorcios por cada 100 uniones en 2010 a 41 de cada 100 uniones en 2017, de los cuales más de la mitad se hacen por mutuo acuerdo.

Eleazar Rubio indicó que este incremento en los divorcios ha aumentado la carga de trabajo para los jueces en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia, “y por ende no se da abasto el personal de los juzgados, por el número tan alto de asuntos que se tramitan en todos ellos, por lo que es necesario desahogar la carga excesiva de trabajo facultando al Notario Público a llevar a cabo los divorcios”.

Esta iniciativa con proyecto de decreto fue turnada para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra.

Propuesta para reformar artículos del Código Penal y establecer que la violencia familiar equiparada se persiga de oficio

Ante el pleno del Congreso capitalino, la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del grupo parlamentario del PRD, propuso una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal local, en materia de violencia familiar y de género, y establecer que la violencia familiar equiparada sea un delito que se persiga de oficio cuando la víctima sea mujer, menor de edad o una persona que no pueda resistir la conducta.

La legisladora aseguró que en el último año la ciudad “se ha visto envuelta en una verdadera epidemia de violencia en contra de las mujeres, las niñas y los niños. El hecho más perturbador es que en un alto porcentaje de estos casos, quienes generan la violencia son integrantes de los círculos familiares de las víctimas”.

Indicó que conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de septiembre se han denunciado más de 18 mil casos de violencia familiar directa o equiparada ante las distintas agencias del ministerio público.

“Se encuentran casos en que derivado de la falta de investigación con una perspectiva de atención, cuidado, protección de la víctima y de género, se propicia la impunidad de los agresores, que al no tener una sanción adecuada escalan el nivel de violencia en contra de la víctima, llegando incluso al feminicidio”, criticó.

Esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 200, 200 bis, 201, 201 bis y 299 bis del Código Penal del Distrito Federal de la Ciudad de México se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género.

Iniciativa para armonizar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación con la Constitución local

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA y la diputada Jannete Guerrero Maya, del PT, propusieron una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, a fin de armonizar este ordenamiento con la Constitución local en materia de derechos humanos y para combatir la discriminación.

Durante su presentación, el diputado Temístocles Villanueva explicó que esta iniciativa busca fortalecer las instituciones y mecanismos de defensa y exigibilidad en la Ciudad de México, e incluir en la ley los grupos de atención prioritaria y las perspectivas transversales para eliminar la discriminación.

“Se adicionan medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades y de trato de algunos grupos de atención prioritaria que no eran contemplados en la ley vigente, pero que sí son reconocidos por el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad. Se busca incluir a las personas que pertenecen a minorías religiosas, las personas que residen en instituto de asistencia social, las personas privadas de su libertad y las personas afrodescendientes”, resaltó.

Como contribución de la diputada Jannete Guerrero, quien preside el Comité de Asuntos Internacionales, se retoman los tratados internacionales y diversos instrumentos, regionales e internacionales, “que han conferido una base jurídica para la protección de los derechos humanos inherentes y desarrollando el conjunto de derechos humanos internacionales”.

Con estas modificaciones legales se refuerzan las facultades del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y perfeccionan los procedimientos para contrarrestar la discriminación, a partir de medidas administrativas.

Esta iniciativa con proyecto de decreto, que fue suscrita por la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos, con ampliación de turno a la Comisión de Atención a Víctimas.

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