Expertos en seguridad pública coincidieron en que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa un esfuerzo importante para recuperar la paz en la entidad. Sin embargo, advirtieron que la estrategia debe ir más allá de la respuesta inmediata a los recientes hechos de violencia, como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y enfocarse en atacar las causas profundas de la delincuencia.

El consultor en programas de gobierno David Saucedo consideró que la presentación del plan surge como una reacción ante las manifestaciones y críticas derivadas del homicidio del edil, aunque destacó que, si las acciones se implementan a largo plazo, podrían generar resultados duraderos. “No es un plan diseñado únicamente para combatir la inseguridad, sino para amortiguar el impacto político y social del crimen”, señaló.

Por su parte, el especialista Alexei Chévez subrayó que la estrategia debe centrarse en el fortalecimiento institucional. “La atención al problema requiere una selección rigurosa de los elementos de seguridad y una capacitación integral de al menos seis meses”, afirmó, al tiempo que pidió asegurar que todos los agentes pasen los exámenes de control de confianza para evitar infiltraciones del crimen organizado.

En tanto, el profesor de la Universidad de Monterrey, Juan Carlos Montero, consideró que el plan genera dudas, pero es un paso positivo que debe contar con el respaldo de todos los sectores sociales. “El ejemplo está en Ciudad Juárez y Nuevo León, donde empresarios, académicos y ciudadanos sumaron esfuerzos para recuperar la seguridad”, apuntó. Mientras que el consultor Juan Ruiz advirtió que el gran número de acciones puede diluir los objetivos principales, como combatir la corrupción narco-política y la extorsión en la industria aguacatera.

Finalmente, Daniel Alvarado, académico de la UNAM, enfatizó la necesidad de una estrategia regional que atienda las causas estructurales de la violencia. “Si no se actúa de manera coordinada con Guerrero y Estado de México, se corre el riesgo de una migración delictiva hacia otras zonas de Tierra Caliente”, concluyó.