El gobierno de México anunció avances sustantivos en la resolución de dos problemáticas históricas en Sonora: la conclusión de la huelga minera en Cananea, iniciada en 2007, y la implementación de un Plan Integral de Justicia Ambiental y Social para atender los daños del derrame en el río Sonora ocurrido en 2014. Se trata del cierre de una lucha laboral de 18 años y del despliegue de una inversión multimillonaria para la restauración ambiental y sanitaria en la región afectada por el desastre ecológico.

En materia laboral, se informó que se ha concluido la huelga en Cananea tras alcanzar justicia social para los trabajadores mineros. El proceso se impulsó desde julio de 2021 con el Plan de Justicia para Cananea, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, en noviembre del año pasado, el entonces gobernador Alfonso Durazo y líderes sindicales llevaron la exigencia a la Secretaría de Gobernación. La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó encontrar soluciones al conflicto entre Grupo México y los trabajadores, involucrando a las secretarías de Trabajo y Hacienda. Actualmente, ya se están cubriendo las indemnizaciones para los trabajadores mineros, viudas y sus familias.

Para atender la problemática ambiental del río Sonora, se estableció un fondo con aportaciones tripartitas. Grupo México contribuye con el 70% del total (1,500 millones de pesos más 59 millones depositados previamente), el Gobierno Federal aporta el 22% (483.6 millones) y el estado de Sonora el 8% (180 millones). La inversión total asciende a 2,222.6 millones de pesos para un Plan Integral que incluye tres ejes: justicia ambiental con mecanismos de restauración y saneamiento; agua con monitoreo en tiempo real, un laboratorio regional equipado y construcción/adecuación de plantas potabilizadoras; y salud con mejoras al IMSS-Bienestar.

En salud, se transformará el hospital comunitario de Ures en un Hospital Regional con 60 camas y áreas especializadas. Además, se creará un centro para la salud renal con servicios especializados como hemodiálisis y un laboratorio para metales pesados. El gobierno enfatizó que fue firme en sus exigencias a Grupo México para lograr este acuerdo histórico que beneficia a las comunidades y mineros, avanzando así en un modelo basado en el humanismo mexicano con justicia social y ambiental como principios rectores.