_ Para reforzar la capacitación dirigida a madres buscadoras y mejorar tanto sus condiciones de seguridad en sus labores de búsqueda como su autonomía económica, el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) formalizaron un acuerdo de colaboración. El convenio fue suscrito por Salomón Ceballos Ochoa, director general del IECA, y Francisco Javier Juárez León, presidente de la CEAIV.
El acuerdo incluye un curso-taller de supervivencia básica dirigido a las madres buscadoras, enfocado en garantizar búsquedas más seguras, fortalecer mecanismos de resistencia y ampliar las medidas de protección en campo. Estas acciones se suman a los esfuerzos previos en materia de capacitación productiva. Durante 2025 se atendió a 60 mujeres de municipios como Salvatierra y Moroleón, mientras que recientemente participaron 31 mujeres de Celaya, Juventino Rosas y San Luis de la Paz.
Las participantes han recibido formación en elaboración de jabones, pomadas terapéuticas, repostería básica y corte y confección. Estas habilidades están orientadas a generar ingresos y reconstruir su estabilidad económica. El contexto que enfrentan las madres buscadoras es complejo: la desaparición de un familiar no solo representa una pérdida emocional profunda, sino también un impacto directo en la economía del hogar. En muchos casos deben abandonar sus empleos para dedicarse a localizar a sus seres queridos.
Salomón Ceballos Ochoa destacó que este convenio refrenda la colaboración institucional para apoyar a las familias mediante herramientas que les permitan emprender o incorporarse al mercado laboral. Subrayó que la capacitación puede convertirse en una vía efectiva para generar ingresos y que las constancias facilitan el acceso a empleos formales. Reiteró la disposición de los 31 planteles del instituto como sedes para acercar estos servicios. Por su parte, el presidente de la CEAIV señaló que esta alianza busca ofrecer opciones reales para recuperar su proyecto de vida. Desde diciembre de 2025, Guanajuato es el primer estado del país en reconocer constitucionalmente a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos.
