_ El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó al sur de la Ciudad de México la entrega de más de 200 constancias de finiquito a personas derechohabientes, pensionadas y jubiladas con deudas problemáticas en el Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE). Durante el acto, afirmó que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la vivienda es un derecho social garantizado, ya sea por condonación, quitas o a través del programa Vivienda para el Bienestar.
Martí Batres subrayó la importancia de atender a quienes fueron trabajadores del Estado y enfrentaban adeudos impagables. Destacó casos como el del jubilado Ricardo Lohora Hernández, quien obtuvo un crédito de 621 mil pesos, pagó 2 millones 285 mil y aún mantenía un adeudo de un millón 580 mil. Otro caso fue el del derechohabiente José Giovanny Hernández Camargo, cuyo crédito fue de 748 mil pesos, pagó 2 millones 477 mil pero adeudaba un millón 733 mil. También mencionó los casos similares de Julio César Martínez Hernández, Luis Alfonso Medina Rodríguez y Yolanda García Domínguez. 'Nos da gusto decirles que todas y todos los presentes (...) hoy ya no tienen deuda', aseguró.
La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, resaltó que este programa sin precedentes otorga acompañamiento a personas en activo, pensionadas, jubiladas y a quienes salieron del sector público. 'Lo principal es que tengan certeza jurídica (...) que el FOVISSSTE dé este acompañamiento para lograr la tranquilidad', indicó. El director general añadió que estas acciones se realizan en coordinación con FOVISSSTE y forman parte de eventos encabezados por la Presidenta Sheinbaum.
Finalmente, el beneficiario José Giovanny Hernández Camargo agradeció a las autoridades: 'Gracias Presidenta, por demostrar que para usted las casas no solo son ladrillos y cemento (...). Este programa no solo levantó paredes, levantó nuestra esperanza'. Martí Batres concluyó expresando que estas acciones responden a una política federal con criterios sociales y no privatizadores.
