En marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia de COVID-19, los directivos de la aerolínea Plus Ultra, Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, mantuvieron conversaciones en las que se planteó recurrir a altos contactos políticos para obtener ayudas estatales. Según un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Reyes sugirió que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, contactara al entonces ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, o a alguien cercano al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, conocido como ZP. Estas revelaciones forman parte de una investigación que ha destapado una presunta red de tráfico de influencias.

La UDEF documentó que los directivos de Plus Ultra buscaban asegurar un rescate financiero de 53 millones de euros, que finalmente se concedió en marzo de 2021. La investigación apunta a la existencia de una estructura societaria denominada "boutique financiera", utilizada para camuflar comisiones ilegales. Además, se ha señalado que Zapatero lideraba esta red, lo que ha llevado a que sea investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

En octubre de 2020, durante la tramitación del rescate, Zapatero se reunió con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra. Posteriormente, la aerolínea realizó un pago de 6.050 euros a Análisis Relevante, una empresa vinculada a un amigo del expresidente, por servicios de asesoramiento. Este vínculo ha sido clave para que la Policía sostenga que existió una relación directa entre las gestiones políticas y los beneficios económicos obtenidos por la compañía.

En febrero de 2021, un mes antes de que se aprobara el rescate, Zapatero logró que Delcy Rodríguez autorizara seis vuelos regulares entre Madrid y Caracas para Plus Ultra, sin necesidad de una nota diplomática de la embajada española. Este hecho refuerza la hipótesis de que se utilizaron contactos en el gobierno venezolano para favorecer a la aerolínea, en un contexto de crisis sanitaria y económica global.

El caso Plus Ultra ha generado un fuerte impacto político y judicial en España. Es la primera vez que un expresidente del Gobierno es investigado por presuntos delitos de esta naturaleza, lo que ha puesto en entredicho la transparencia en la concesión de ayudas estatales durante la pandemia. Además, ha afectado la credibilidad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que pertenecen tanto Zapatero como Ábalos, y ha reabierto el debate sobre la ética en la gestión de recursos públicos en tiempos de crisis.