México presenta avances en implementación del Acuerdo de Escazú en COP4 de Bahamas
_ En la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, celebrada del 21 al 24 de abril en Nassau, Bahamas, la delegación mexicana encabezada por la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, presentó los avances en la ruta nacional para su implementación. Los trabajos establecen acciones concretas a corto, mediano y largo plazo para garantizar el acceso a la información, la participación pública, la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras ambientales.
Durante la sesión de Implementación Nacional, cuyo objetivo es presentar un panorama regional de las hojas de ruta nacionales, la procuradora Mariana Boy destacó que a cuatro años de la ratificación del Acuerdo, México avanza en los compromisos normativos hacia su implementación efectiva mediante una estrategia de Estado. Enumeró seis avances sustantivos: la conformación de un Grupo Interinstitucional de Alto Nivel liderado por la Secretaría de Gobernación; un diagnóstico basado en trabajos previos; la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030; el fortalecimiento metodológico con indicadores; una ruta con acciones a corto, mediano y largo plazo; y un documento inicial que se someterá a proceso participativo.
El Grupo Interinstitucional está integrado por las secretarías de Gobernación (que lo lidera), Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Este enfoque transversal subraya que Escazú no es solo una agenda ambiental, sino una política pública que articula gobernanza democrática y sustentabilidad. El diagnóstico elaborado integró aportaciones de dependencias gubernamentales, organizaciones civiles, academia, comunidades y empresas.
La metodología se fortaleció con indicadores de estructura y proceso basados en estándares de Naciones Unidas para monitorear avances y articular los principios del Acuerdo con el Sistema Nacional de Seguimiento de Derechos Fundamentales. La hoja dinámica combina acciones inmediatas con cambios estructurales. México reiteró su compromiso con el Acuerdo como política de Estado orientada a fortalecer la protección ambiental, el desarrollo sostenible y la cooperación regional en América Latina y el Caribe.
De manera complementaria, México impulsa la incorporación de perspectiva de género en la política ambiental mediante información desagregada e indicadores interseccionales para garantizar participación equitativa. La delegación incluyó a representantes gubernamentales como Camila Zepeda Lizama (Semarnat), Alberto Rojas Rueda (Profepa) y Efraín Dávila González (SRE), así como a integrantes de sociedad civil: Raquel Jiménez Acosta (Reforestamos México), Eduardo Alejandro Reyes Caballero (Escazú Ahora México) y Mauricio Limón Aguirre (Barra Mexicana), fortaleciendo el carácter participativo.
Durante la sesión de Implementación Nacional, cuyo objetivo es presentar un panorama regional de las hojas de ruta nacionales, la procuradora Mariana Boy destacó que a cuatro años de la ratificación del Acuerdo, México avanza en los compromisos normativos hacia su implementación efectiva mediante una estrategia de Estado. Enumeró seis avances sustantivos: la conformación de un Grupo Interinstitucional de Alto Nivel liderado por la Secretaría de Gobernación; un diagnóstico basado en trabajos previos; la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030; el fortalecimiento metodológico con indicadores; una ruta con acciones a corto, mediano y largo plazo; y un documento inicial que se someterá a proceso participativo.
El Grupo Interinstitucional está integrado por las secretarías de Gobernación (que lo lidera), Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Este enfoque transversal subraya que Escazú no es solo una agenda ambiental, sino una política pública que articula gobernanza democrática y sustentabilidad. El diagnóstico elaborado integró aportaciones de dependencias gubernamentales, organizaciones civiles, academia, comunidades y empresas.
La metodología se fortaleció con indicadores de estructura y proceso basados en estándares de Naciones Unidas para monitorear avances y articular los principios del Acuerdo con el Sistema Nacional de Seguimiento de Derechos Fundamentales. La hoja dinámica combina acciones inmediatas con cambios estructurales. México reiteró su compromiso con el Acuerdo como política de Estado orientada a fortalecer la protección ambiental, el desarrollo sostenible y la cooperación regional en América Latina y el Caribe.
De manera complementaria, México impulsa la incorporación de perspectiva de género en la política ambiental mediante información desagregada e indicadores interseccionales para garantizar participación equitativa. La delegación incluyó a representantes gubernamentales como Camila Zepeda Lizama (Semarnat), Alberto Rojas Rueda (Profepa) y Efraín Dávila González (SRE), así como a integrantes de sociedad civil: Raquel Jiménez Acosta (Reforestamos México), Eduardo Alejandro Reyes Caballero (Escazú Ahora México) y Mauricio Limón Aguirre (Barra Mexicana), fortaleciendo el carácter participativo.
