México impulsa justicia ambiental y protección a defensores en COP4 de Escazú
_ La Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú concluyó en Nassau, Bahamas, con la aprobación por consenso de 10 decisiones clave que marcan el tránsito de los compromisos a la acción en América Latina y el Caribe. Durante la reunión, celebrada el 26 de abril de 2026, México respaldó el fortalecimiento de los órganos de cumplimiento y la creación de dos nuevos grupos de trabajo: uno sobre Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y otro sobre acceso a la justicia ambiental. Ambos grupos incorporarán la participación de la sociedad civil y la perspectiva de género para garantizar una aplicación efectiva en la región.
La delegación mexicana, encabezada por la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, presentó los avances del plan nacional de implementación del Acuerdo en México. Esta estrategia interinstitucional articula acciones a corto, mediano y largo plazo para garantizar los derechos de acceso y fortalecer la justicia ambiental como política de Estado. El plan será sometido a un proceso de consulta pública para asegurar un diseño participativo desde su origen hasta su aplicación territorial. Asimismo, México reiteró su compromiso con la protección de las personas defensoras ambientales y reconoció la labor del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC), subrayando la necesidad de fortalecer su marco normativo para dar mayor certeza a su actuación.
En materia de cooperación regional, México expresó su interés por compartir su experiencia en RETC —siendo uno de los países con avances sustantivos en la materia— así como en justicia ambiental, destacando medidas desarrolladas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para determinar y reparar el daño ambiental. La delegación apoyó además la inclusión de representantes de la sociedad civil en ambos grupos ad hoc, por considerarlos un elemento central para garantizar una participación efectiva en la toma de decisiones. De manera complementaria, México se comprometió a fortalecer la perspectiva de género como eje transversal en las políticas ambientales, contribuyendo a reducir las brechas de vulnerabilidad en la región.
En el plano institucional, se aprobó y entró en vigor una nueva Mesa Directiva del Acuerdo por un periodo de dos años, encabezada por San Cristóbal y Nieves como Presidencia; con Bahamas, Belice, Colombia y Panamá como Vicepresidencias. Panamá anunció su disposición para albergar la próxima Conferencia (COP5), prevista para abril de 2028. La delegación mexicana estuvo conformada por ocho delegados —50% gobierno y 50% sociedad civil— con igual proporción entre mujeres y hombres. Además incluyó cuatro representantes electos por organizaciones civiles: Raquel Jiménez Acosta (Reforestamos México), Andrea Gómez Chiu (Laboratorio Transpolíticas del Hábitat), Eduardo Alejandro Reyes Caballero (Escazú Ahora México) y Mauricio Limón Aguirre (Barra Mexicana Colegio Abogados). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) subrayó que estos resultados confirman que el Acuerdo avanza hacia una nueva etapa centrada en implementación efectiva, protección derechos y cooperación regional.
La delegación mexicana, encabezada por la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, presentó los avances del plan nacional de implementación del Acuerdo en México. Esta estrategia interinstitucional articula acciones a corto, mediano y largo plazo para garantizar los derechos de acceso y fortalecer la justicia ambiental como política de Estado. El plan será sometido a un proceso de consulta pública para asegurar un diseño participativo desde su origen hasta su aplicación territorial. Asimismo, México reiteró su compromiso con la protección de las personas defensoras ambientales y reconoció la labor del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC), subrayando la necesidad de fortalecer su marco normativo para dar mayor certeza a su actuación.
En materia de cooperación regional, México expresó su interés por compartir su experiencia en RETC —siendo uno de los países con avances sustantivos en la materia— así como en justicia ambiental, destacando medidas desarrolladas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para determinar y reparar el daño ambiental. La delegación apoyó además la inclusión de representantes de la sociedad civil en ambos grupos ad hoc, por considerarlos un elemento central para garantizar una participación efectiva en la toma de decisiones. De manera complementaria, México se comprometió a fortalecer la perspectiva de género como eje transversal en las políticas ambientales, contribuyendo a reducir las brechas de vulnerabilidad en la región.
En el plano institucional, se aprobó y entró en vigor una nueva Mesa Directiva del Acuerdo por un periodo de dos años, encabezada por San Cristóbal y Nieves como Presidencia; con Bahamas, Belice, Colombia y Panamá como Vicepresidencias. Panamá anunció su disposición para albergar la próxima Conferencia (COP5), prevista para abril de 2028. La delegación mexicana estuvo conformada por ocho delegados —50% gobierno y 50% sociedad civil— con igual proporción entre mujeres y hombres. Además incluyó cuatro representantes electos por organizaciones civiles: Raquel Jiménez Acosta (Reforestamos México), Andrea Gómez Chiu (Laboratorio Transpolíticas del Hábitat), Eduardo Alejandro Reyes Caballero (Escazú Ahora México) y Mauricio Limón Aguirre (Barra Mexicana Colegio Abogados). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) subrayó que estos resultados confirman que el Acuerdo avanza hacia una nueva etapa centrada en implementación efectiva, protección derechos y cooperación regional.
