México y EU cierran caso laboral contra Yazaki por cierre de planta en León
_ La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó el cierre exitoso del caso por la presunta denegación de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa Grupo Yazaki, S.A. de C.V., en León, Guanajuato. El caso fue atendido en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Tras celebrar consultas intergubernamentales, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron el cierre formal del expediente, con lo que se da por concluido el proceso.
De acuerdo con la investigación realizada por la STPS, cuyos resultados fueron compartidos con el gobierno de Estados Unidos el 16 de enero de 2026, desde 2019 la empresa detectó fisuras superficiales en el piso de producción de la planta de León. Entre septiembre de 2023 y octubre de 2025, Yazaki realizó estudios y verificaciones estructurales. No obstante, la STPS identificó que no existió una orden expresa de “cierre inmediato” de la planta. A pesar de ello, la compañía cerró las instalaciones antes del 4 de diciembre de 2025, fecha en la que se realizaría el proceso del recuento sindical. Este cierre impactó los resultados del proceso, pues más del 70% del personal de la planta ya había sido dado de baja. Además, la empresa no siguió el procedimiento legal obligatorio para un cierre colectivo, al no someterlo a la resolución de un tribunal laboral.
Derivado de este proceso, la empresa implementó diversas acciones en materia de libertad de asociación y negociación colectiva, en coordinación con la STPS. Publicó y difundió una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales y un documento con los lineamientos de conducta para el personal. También entregó de manera física estos documentos y capacitó a todo su personal sobre los mismos. Incorporó a sus políticas internas un Protocolo de Atención a Sindicatos Minoritarios, con el objetivo de establecer lineamientos claros, uniformes y transparentes para la interacción de la empresa con organizaciones sindicales que no ostenten la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Se llevaron a cabo sesiones informativas para comunicar la existencia del protocolo y se entregó de forma impresa a todo el personal.
Además, la STPS capacitó a la totalidad del personal, tanto de confianza como sindicalizable, en materia de libertad sindical y negociación colectiva. La empresa implementó un protocolo de contratación prioritaria para las personas trabajadoras afectadas por el cierre de la planta de León. Este mecanismo garantiza la difusión oportuna, transparente y accesible de vacantes en cualquiera de las plantas de la empresa en el país, otorgando acceso preferente a las personas extrabajadoras. Tras tres mesas de diálogo moderadas por la STPS entre Yazaki y el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), se logró la reinstalación de una persona trabajadora, la liquidación de otra conforme a la ley, y la empresa ofreció la reubicación de una más.
Después de estas acciones, y de celebrar consultas intergubernamentales, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron el cierre formal del caso. El Gobierno de México refrenda su compromiso con la aplicación efectiva de los derechos colectivos de las personas trabajadoras, conforme a la legislación nacional y a los compromisos internacionales asumidos. Con este cierre, se reafirma la importancia del mecanismo laboral del T-MEC para la protección de los derechos sindicales en el país.
De acuerdo con la investigación realizada por la STPS, cuyos resultados fueron compartidos con el gobierno de Estados Unidos el 16 de enero de 2026, desde 2019 la empresa detectó fisuras superficiales en el piso de producción de la planta de León. Entre septiembre de 2023 y octubre de 2025, Yazaki realizó estudios y verificaciones estructurales. No obstante, la STPS identificó que no existió una orden expresa de “cierre inmediato” de la planta. A pesar de ello, la compañía cerró las instalaciones antes del 4 de diciembre de 2025, fecha en la que se realizaría el proceso del recuento sindical. Este cierre impactó los resultados del proceso, pues más del 70% del personal de la planta ya había sido dado de baja. Además, la empresa no siguió el procedimiento legal obligatorio para un cierre colectivo, al no someterlo a la resolución de un tribunal laboral.
Derivado de este proceso, la empresa implementó diversas acciones en materia de libertad de asociación y negociación colectiva, en coordinación con la STPS. Publicó y difundió una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales y un documento con los lineamientos de conducta para el personal. También entregó de manera física estos documentos y capacitó a todo su personal sobre los mismos. Incorporó a sus políticas internas un Protocolo de Atención a Sindicatos Minoritarios, con el objetivo de establecer lineamientos claros, uniformes y transparentes para la interacción de la empresa con organizaciones sindicales que no ostenten la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Se llevaron a cabo sesiones informativas para comunicar la existencia del protocolo y se entregó de forma impresa a todo el personal.
Además, la STPS capacitó a la totalidad del personal, tanto de confianza como sindicalizable, en materia de libertad sindical y negociación colectiva. La empresa implementó un protocolo de contratación prioritaria para las personas trabajadoras afectadas por el cierre de la planta de León. Este mecanismo garantiza la difusión oportuna, transparente y accesible de vacantes en cualquiera de las plantas de la empresa en el país, otorgando acceso preferente a las personas extrabajadoras. Tras tres mesas de diálogo moderadas por la STPS entre Yazaki y el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), se logró la reinstalación de una persona trabajadora, la liquidación de otra conforme a la ley, y la empresa ofreció la reubicación de una más.
Después de estas acciones, y de celebrar consultas intergubernamentales, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron el cierre formal del caso. El Gobierno de México refrenda su compromiso con la aplicación efectiva de los derechos colectivos de las personas trabajadoras, conforme a la legislación nacional y a los compromisos internacionales asumidos. Con este cierre, se reafirma la importancia del mecanismo laboral del T-MEC para la protección de los derechos sindicales en el país.
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