_ Con las propuestas de diputadas y diputados locales también se busca robustecer la protección a las víctimas, y sancionar la filtración de información e imágenes de víctimasEl diputado José Luis Rodríguez (MORENA) propuso reformas a la Ley Orgánica de la FGJCDMX y al Código Penal con relación a la Alerta ÁmberEl diputado Diego Garrido (PAN) presentó iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la FGJCDMX y combatir desaparición de menores La diputada Guadalupe Aguilar (MORENA) solicitó adicionar un artículo al Código Penal para sancionar la filtración de información e imágenes de víctimas El diputado Pablo Montes (PAN) expuso una iniciativa para derogar el artículo 266 del Código Penal, relativo a coalición de servidores públicos
Diversas comisiones del Congreso de la Ciudad de México analizarán y dictaminarán las iniciativas presentadas en favor de la niñez, así como de protección de las víctimas. Por ejemplo se plantea reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia para elevar a rango de ley la Alerta Ámber, y combatir desaparición de menores.
Con las propuestas impulsadas por diputadas y diputados se busca fortalecer la protección a las víctimas y evitar su revictimización, además sancionar la filtración de información e imágenes de víctimas.
Ante el pleno del Congreso local, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del Código Penal, a fin de mejorar y agilizar la operación de la Alerta Amber.
El legislador del grupo parlamentario de MORENA expuso que el abandono que por años mantuvo el sistema de procuración de justicia y la indiferencia a la atención de grupos de atención prioritaria, trajo consigo sucesos de violencia generalizada en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres en el país y la capital.
Indicó que conforme al Informe Anual 2019 Infancia y Adolescencia en México, Entre la Invisibilidad y la Violencia, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre 2000 y 2019 cerca de 21 mil niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de diversos delitos en México.
Lamentó que en la actualidad la activación de la Alerta Ámber no implica la puesta en marcha de acciones de búsqueda y localización urgente por parte de las autoridades de procuración de justicia.
“La presente iniciativa pretende reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia para elevar a rango de ley la Alerta Ámber y señalar los lineamientos y los elementos mínimos para su activación y la obligación de las autoridades para activarla de manera inmediata para el caso de niñas, niños, adolescentes y mujeres, además de generar condiciones para los Ministerios Públicos y así activar el protocolo de búsqueda homologado”, resaltó.
Asimismo, propuso reformar el Código Penal para sancionar al servidor público que no inicie en forma inmediata la carpeta de investigación especial y activar los protocolos, así como activar la Alerta Ámber cuando se tenga conocimiento de la ausencia, extravío, sustracción, no localización o desaparición de cualquier niño, niña, adolescente o mujer.
Esta iniciativa fue suscrita por las y los diputados de MORENA José Luis Rodríguez, Isabela Rosales, Guadalupe Morales, Guadalupe Aguilar, Lourdes Paz, Esperanza Villalobos, Leticia Estrada, Yuriri Ayala, Leticia Varela, Ana Hernández, Marisela Zúñiga, Temístocles Villanueva, Ricardo Fuentes, Emmanuel Vargas, Miguel Macedo y Guadalupe Chavira (MORENA), Leonor Gómez (PT) y Evelyn Parra, sin partido; y se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Plantean reformar la Ley Orgánica de la FGJ y combatir desaparición de menores
Por su parte, el diputado Diego Garrido López, del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para modificar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la cual se busca contribuir a combatir la desaparición de menores en forma inmediata.
Aseguró que entre 2008 y 2018 un total de 373 bebés, niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos en la Ciudad de México, que se ubica en el octavo lugar a nivel nacional en feminicidios, con las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco como las de mayor riesgo de desaparición.
Solicitó establecer la protección a la niñez como prioridad, y que las medidas para combatir la desaparición de menores sean inmediatas. “Proponemos así que en cualquier caso de desaparición de un menor la autoridad debe de aplicar los protocolos de investigación de manera inmediata, iniciar la carpeta de investigación especial, solicitar de inmediato la activación de la alerta de búsqueda, la llamada Alerta Ámber, e iniciar una búsqueda especializada, en estos asuntos no hay tiempo que perder”.
Esta iniciativa establece que los ministerios públicos tendrán la obligación de recibir sin demora ni pretextos las denuncias por desaparición de menores y solicitar de manera inmediata los protocolos de búsqueda, “ya que las primeras horas a partir de la desaparición son cruciales para salvaguardar la integridad física y la vida de las niñas, niños y adolescentes. La burocracia negligente de tener que esperar 72 horas para activar la búsqueda ha costado vidas en este país”.
Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Proponen fortalecer protección a las víctimas y evitar su revictimización
Para proteger a las víctimas y evitar su revictimización, el Congreso capitalino analiza una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el Código Penal, todos ellos de la Ciudad de México, en materia de filtración de información sobre investigaciones, en perjuicio de las víctimas.
La diputada Guadalupe Aguilar Solache explicó que esta iniciativa se relaciona con las filtraciones gráficas que se hicieron del caso Ingrid, “mujer que fue brutalmente asesinada producto de la violencia feminicida y cuya dignidad y honor fue transgredida, violentada como pocas veces se ha visto, por falta de profesionalismo, de sensibilización o incluso con dolo y alevosía de personas servidoras públicas o particulares en un afán de documentar parte de su actuación o por curiosidad y morbo”.
Puntualizó que esta iniciativa busca robustecer el marco jurídico que tutela las acciones de las autoridades y los particulares en el ejercicio de las facultades de investigación de diversas autoridades, que afectan el principio de debido proceso.
“Resulta imperativo que este Congreso tome acciones al respecto para fomentar el profesionalismo de las y los servidores públicos y sobre todo salvaguardar la protección de datos personales y la dignidad y honor de las personas”, expresó.
Esta iniciativa cambia el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, a fin de que los servidores públicos salvaguarden en todo momento la protección de datos personales y la dignidad de las víctimas; adiciona un párrafo último al artículo 127 de la Ley de Protección de Datos Personales, para especificar el uso, sustracción y divulgación de información que se relacione con víctimas de algún delito como falta grave.
Asimismo, adiciona una fracción XIII al artículo 293 del Código Penal para imponer una sanción de 2 a 8 años de prisión y de 100 a 400 veces el valor de la unidad de medida al servidor público que difunda datos, información o imágenes que revictimice o menoscabe la dignidad de las víctimas; y que cuando las filtraciones se relacionen con mujeres o menores de edad, la pena se incrementará hasta en una tercera parte.
Esta iniciativa con proyecto de decreto fue suscrita por las y los diputados Guadalupe Aguilar, José Rodríguez, Lourdes Paz, Esperanza Villalobos, Leticia Estrada, Isabela Rosales, Ricardo Fuentes, Miguel Macedo, del grupo parlamentario de MORENA; y turnada para su dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Sancionarán filtración de información e imágenes de víctimas
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino estudiará una iniciativa para adicionar un artículo al Código Penal para sancionar a los funcionarios que difundan información, imágenes, audios o videos relacionados con un procedimiento penal, agravado cuando afecte la dignidad de víctimas o sus familiares.
La diputada Guadalupe Morales Rubio explicó que con este proyecto de iniciativa se busca incluir un tipo penal con sanción de dos a ocho años de prisión y de 100 a 400 veces el valor diario de la unidad de medida a los servidores públicos que “haciendo mal uso de sus atribuciones, indebidamente compartan, difundan o permitan la difusión de información, imágenes, audios o videos relacionados con un procedimiento penal; además cuando esta conducta tenga como resultado el menoscabo de la dignidad de la o las víctimas o de sus familiares, dichas sanciones serán duplicadas”.
Comentó que se busca terminar con la impunidad de violaciones en la cadena de custodia de casos como el de Ingrid, “en el que las más lastimosas e injustas imágenes de su cuerpo ocuparon las primeras planas, como si de un espectáculo se tratara”.
“No sólo se trata de defender la dignidad de las víctimas y de sus familiares, razón que por su propio peso es más que suficiente, también se trata de conseguir una justicia pronta y expedita para evitar que las filtraciones provoquen retrasos en la obtención de una condena por los delitos perseguidos”, agregó.
Finalmente, el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo expuso una iniciativa para derogar el artículo 266 del Código Penal, relativo a la coalición de servidores públicos, la cual fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
“El tipo penal de coalición de servidores públicos que se pretende derogar mediante la presente iniciativa, no solo invade el ámbito de operación del ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores al servicio del Estado, también atenta contra el ejercicio de sus derechos sociales a través de los medios de acción sindical, lo cual no se justifica conforme al principio de reserva de ley en materia penal, manifestando vacíos y lagunas que van en contra del derecho constitucional de los trabajadores, elevado al ámbito nacional de protección de los derechos humanos y así van en contra de su seguridad jurídica”, aseguró el legislador del grupo parlamentario del PAN.
Explicó que derogar este artículo permitiría “erradicar toda restricción o limitación a los derechos fundamentales, en este caso a los de reunión y manifestación de las ideas y así fortalecer los derechos humanos de asociación y reunión en beneficio de los trabajadores y de todos los habitantes de la Ciudad de México”.
