El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), junto con los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, alcanzó un acuerdo histórico con productores e industria para blindar la comercialización del maíz blanco y asegurar un precio piso de 6,050 pesos por tonelada. Este monto es 25 por ciento superior al precio al que las industrias podrían adquirir maíz importado en la misma zona de consumo, fortaleciendo así la producción nacional y la soberanía alimentaria del país.

El acuerdo establece una base fija garantizada de 5,200 pesos por tonelada, equivalente a 107 dólares, la más alta registrada en el sector. A esta cantidad se suman 700 pesos por tonelada aportados por el Gobierno de México y 150 pesos por tonelada provenientes de los gobiernos estatales, alcanzando un total de 850 pesos adicionales. De esta manera, se asegura que las y los productores del Bajío reciban un ingreso justo y competitivo frente a las variaciones del mercado internacional.

AGRICULTURA anunció que se aplicará el programa Cosechando Soberanía, mediante el cual las y los productores de maíz blanco podrán acceder a créditos con una tasa preferencial del 8.5 por ciento anual, además de contar con un seguro de cobertura para la temporada primavera-verano 2025. Este esquema busca brindar certidumbre financiera al campo y proteger a las familias productoras ante contingencias como sequías, plagas o fluctuaciones del mercado.

Por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se inició la elaboración de una propuesta para la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento y Comercialización del Maíz, con una base institucional y legal sólida. Este sistema será diseñado a través de consultas con todos los actores de la cadena maíz-tortilla, incluyendo productores, industriales y distribuidores, para garantizar un modelo de comercialización transparente, justo y sustentable.

El Gobierno de México reiteró su compromiso con el diálogo permanente y la construcción de soluciones integrales para el sector agroalimentario. La medida, además de blindar el ingreso de las y los agricultores, impulsa la estabilidad económica regional y refuerza la capacidad del país para producir su propio maíz blanco, un alimento clave en la dieta y la identidad nacional.