Consiste en inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos y comisiones y sanción económica por más de 370 millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por improcedente el último recurso de revisión presentado. Con la defensa de la legalidad, se busca combatir la impunidad y prevenir la corrupción.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informa que, tras la defensa jurídica que se realizó ante diversas instancias, quedó en firme la inhabilitación por 10 años para desempeñarse en el servicio público y la sanción económica por más de 370 millones de pesos que el Órgano Interno de Control (OIC) en la entonces Secretaría de Desarrollo Social –actualmente Secretaría de Bienestar– impuso a una persona ex servidora pública de dicha institución.

En septiembre de 2018, el OIC en la entonces Secretaría de Desarrollo Social determinó sancionar a la persona servidora pública adscrita a la Dirección General de Desarrollo Comunitario, por irregularidades en la documentación de la prestación de servicios para la realización de campañas en radio y televisión de Hidalgo, además de autorizar que el pago fuera erogado con cargo a una partida no aplicable para los servicios contratados.

La persona mencionada impugnó la sanción en 2019, sin embargo, en enero de 2020 la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió reconocer la validez de la resolución.

Ante ello, interpuso un juicio de amparo que le fue negado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y posteriormente interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual finalmente resolvió desecharlo por improcedente, debido a que no se trataba de materia propiamente constitucional.

El OIC determinó imponer las sanciones conforme a la legislación vigente al momento en que ocurrieron los hechos, tras haber infringido la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Con este tipo de acciones de defensa de la legalidad, la SFP busca inhibir las conductas que pudieran representar riesgos de corrupción, combatir la impunidad, resarcir el daño patrimonial ocasionado al erario y prevenir un mal ejercicio de la función pública.