Al participar en el encuentro latinoamericano sobre desaparición forzada organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que el objetivo del Estado debe ser erradicar este fenómeno, que durante mucho tiempo se ocultó y se minimizó, mediante la atención a las causas que lo originan, como la violencia y la impunidad.

Reconoció que la desaparición forzada, práctica continua y sistemática, “se implementó en los años sesenta y setenta por el Estado mexicano como parte de sus políticas para erradicar a la disidencia y que ahora por la descomposición social que ha vivido el país se asoció a las actividades criminales o la corrupción gubernamental y la impunidad”.

El subsecretario Alejandro Encinas recordó que se cumplieron 39 años del llamado “Halconazo”, en donde se recurrió a la desaparición forzada por parte del Estado, por ello, aseveró que el actual Gobierno de México impulsa un cambio de paradigma en la política de defensa, protección y garantía de los derechos humanos.

Dijo que se desarrolla una institucionalidad con acciones que permiten reconocer la responsabilidad del Estado para brindar seguridad y protección a las personas. En el caso específico de la desaparición, sostuvo que se tiene que garantizar el derecho a la verdad y el derecho a las familias a encontrar a sus seres queridos.

Reconoció que la desaparición forzada es un fenómeno de enorme dimensión que requiere de leyes, instrumentos e instituciones para enfrentarlo y crear las condiciones para dar resultados en los próximos años.

Por último, reiteró su compromiso y el del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de no proteger a quienes cometan este delito en el pasado o en el presente, “no se tiene porque encubrir a nadie – subrayó – porque parte fundamental de justicia en materia de desaparición forzada es que se sancione a los culpables, lo que está en manos de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales”; e hizo un llamado a los gobiernos de los estados a que asuman su responsabilidad en estos hechos.