El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una propuesta de reforma en el Congreso para que las conferencias matutinas presidenciales, conocidas como las Mañaneras, sean consideradas sujetos obligados al derecho de réplica. La iniciativa busca que, cuando se emitan afirmaciones falsas o inexactas, las autoridades deban responder a las solicitudes de aclaración en un plazo de tres días hábiles y que la respuesta se difunda íntegramente en la siguiente conferencia o espacio oficial equivalente.

Esta propuesta surge ante el alcance y la capacidad de las Mañaneras para fijar versiones oficiales de los hechos sin ofrecer una vía efectiva de contradicción. El PAN argumenta que es necesario garantizar un mecanismo legal y judicial que permita a los ciudadanos ejercer su derecho de réplica ante afirmaciones consideradas engañosas o incorrectas provenientes del gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a esta iniciativa sugiriendo que el PAN realice su propia conferencia de prensa para expresar sus puntos de vista, en lugar de buscar espacio en las Mañaneras. Esta postura refleja la intención del gobierno de mantener el control sobre el contenido y formato de las conferencias matutinas, una herramienta clave de comunicación desde la administración de Andrés Manuel López Obrador y que Sheinbaum ha continuado.

En junio de 2026, el gobierno puso en marcha una conferencia semanal titulada “Derecho de réplica”, encabezada por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, con el objetivo de refutar “noticias falsas” con “datos oficiales”. Esta acción ha sido señalada por distintos sectores como una distorsión del concepto original de derecho de réplica, pues se percibe como un mecanismo para que el gobierno responda a críticas y no para que los ciudadanos u opositores contesten afirmaciones gubernamentales.

La disputa entre el PAN y el Ejecutivo federal subraya la tensión política y mediática en torno a la regulación de la información pública. Aunque la mayoría morenista en el Congreso hace improbable la aprobación de la reforma, la iniciativa funciona como símbolo político de cara a las elecciones intermedias de 2027 y evidencia el conflicto entre el gobierno y la oposición por el control de los canales de comunicación oficiales.