El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno han dado a conocer un conjunto de sanciones impuestas a servidores públicos de diversas dependencias, derivadas de investigaciones por faltas graves y no graves. Las resoluciones, emitidas conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, abarcan desde inhabilitaciones y sanciones económicas hasta suspensiones y amonestaciones públicas, según la gravedad de las infracciones cometidas.

En el caso de las faltas graves, el TFJA impuso sanciones económicas y de inhabilitación a funcionarios de Alimentación para el Bienestar (AliBien), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Gobernación (Segob) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La sanción más severa recayó en AliBien, donde María G., René G., Miguel C. y Juan R., de la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, así como de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, fueron inhabilitados por 10 años y multados solidariamente con 777.8 millones de pesos. La falta consistió en ejercer en exceso recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos de operación y usar indebidamente dichos recursos para el Programa de Fertilizantes, durante 2019.

Otras sanciones por faltas graves incluyen la inhabilitación por un año y una multa de 9 mil pesos para Ramiro R., de la División de Distribución Zona Torreón de CFE, por recibir dinero para eliminar adeudos de energía eléctrica en 2023. Asimismo, Shiddarta V., del Instituto Nacional de Migración, fue inhabilitado por un año y multado con mil 380 pesos por sustraer bienes propiedad del Instituto en 2021. En el IMSS, Carlos M., de la Unidad Médica Familiar 178 en Jalisco, recibió una inhabilitación de un año por tomar rayos X de pelvis sin autorización de la paciente en 2022.

En cuanto a las faltas no graves, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó sanciones a través de las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y CFE, así como de los Órganos Internos de Control en diversas dependencias. Entre las sanciones más destacadas, Pemex impuso la destitución e inhabilitación por tres meses a Luis J., del Departamento de Tripulación de Operación y Mantenimiento Eléctrico en Chiapas, por dirigirse de forma irrespetuosa a sus compañeros e introducir bebidas alcohólicas al lugar de trabajo en 2025. También se aplicaron suspensiones de 30 días a Margarita S. y Graciela P., de la Dirección Jurídica en Veracruz, por presentar incorrectamente una denuncia penal ante la FGR en 2024.

Otras sanciones por faltas no graves incluyen la inhabilitación por cuatro meses a Manuel S., del Centro Federal Readaptación Social No. 15 CPS-Chiapas, por introducir estupefacientes en 2023; y la inhabilitación por tres meses a Marco C., de la Coordinación de Operación y Evaluación Estratégica de la Ciudad de México, por falsificar la firma de su superior jerárquico para justificar un día no laborado en 2024. En la Guardia Nacional, cinco elementos fueron suspendidos por 30 días por proporcionar constancias de estudios carentes de validez en evaluaciones de permanencia y portación de armas de fuego. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes suspendió por 30 días a María G. y Mitzy F. por consentir comisiones inexistentes para evitar descuentos de nómina, mientras que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones suspendió por 30 días a Claudio M. por enviar mensajes de carácter sexual a una subordinada.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Asimismo, recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, aunque la dependencia defenderá las mismas con firmeza, argumentando que están apegadas a derecho y respaldadas en evidencia. Finalmente, se invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad a través de la liga denuncias.gob.mx, reafirmando el compromiso del gobierno para erradicar la corrupción y promover la ética, honestidad e integridad en las instituciones.