El 11 de mayo de 2026, un tribunal en Tarija, Bolivia, declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales por no presentarse al inicio del juicio en su contra por presunta trata agravada de personas. Como consecuencia, se emitió una nueva orden de captura y una medida de arraigo que le impide salir del país. La audiencia estaba programada para las 8:30 a.m., pero ante la ausencia del exmandatario y sus abogados, el tribunal determinó su aprehensión, suspendiendo el proceso hasta que comparezca o sea llevado por la fuerza pública.

Las acusaciones contra Morales señalan que durante su mandato presidencial (2006-2019) mantuvo una relación con una menor de 15 años, con quien presuntamente tuvo una hija. Según la Fiscalía, los padres de la menor habrían consentido la relación a cambio de beneficios políticos y económicos. El fiscal Luis Gutiérrez explicó que el juicio queda suspendido hasta que Morales se presente o sea detenido, mientras la defensa del exmandatario califica el proceso como una persecución política.

Los abogados de Morales argumentaron que no fue notificado legalmente para asistir al juicio, ya que la citación se realizó mediante edictos judiciales, lo que consideran irregular dado que se conoce su domicilio. La defensa sostiene que el proceso está viciado y que las notificaciones no se realizaron conforme a la ley. La madre de la presunta víctima también fue declarada en rebeldía, mientras la Fiscalía ha reunido más de 170 pruebas en este caso.

Este caso ha generado tensiones políticas en Bolivia, especialmente entre Morales y el actual presidente Rodrigo Paz. El exmandatario ha denunciado el proceso como parte de una estrategia de lawfare en su contra y ha llamado a movilizaciones en su defensa. Desde noviembre de 2024, Morales se encuentra en la región del Chapare, su bastión político, donde cuenta con el respaldo de sus seguidores, quienes han impedido intentos anteriores de detención.

El desarrollo judicial representa un hito significativo en la política boliviana, con impacto potencial en la estabilidad del país y en la percepción pública de la justicia en casos que involucran a figuras políticas de alto perfil. La orden de captura renovada subraya la complejidad del proceso legal y las divisiones políticas en Bolivia, mientras se espera la próxima comparecencia del exmandatario ante la justicia.