La Audiencia Nacional de España imputó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, en el marco del rescate de la aerolínea Plus Ultra. La investigación se centra en la ayuda pública de 53 millones de euros otorgada a la compañía en 2021, durante la pandemia de COVID-19. Esta es la primera vez en la democracia española que un expresidente es imputado por corrupción.

Según el juez instructor José Luis Calama, Zapatero habría liderado una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias para obtener beneficios económicos mediante intermediaciones ante instancias públicas, favoreciendo principalmente a Plus Ultra. Se estima que el expresidente y su entorno habrían recibido cerca de 1,95 millones de euros en comisiones irregulares entre 2020 y 2025.

La investigación también involucra a Julio Martínez, empresario y amigo personal de Zapatero, señalado como figura clave en la trama. Se sospecha que se utilizaron sociedades instrumentales y contratos ficticios para canalizar fondos de manera opaca, incluyendo la creación de una estructura empresarial en Dubái para ocultar el origen de los fondos. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la oficina de Zapatero en Madrid y otras tres sedes mercantiles vinculadas al caso, incluyendo una empresa propiedad de sus hijas.

Zapatero ha negado las acusaciones, afirmando que todas sus actividades se han desarrollado con absoluto respeto a la legalidad y que nunca intervino en el rescate de Plus Ultra. El expresidente está citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio. Este caso añade presión política al actual gobierno de Pedro Sánchez, aliado histórico de Zapatero, quien enfrenta otros procesos e investigaciones que involucran a personas de su entorno cercano.

La investigación continúa abierta, y se espera que en las próximas semanas se realicen más diligencias para esclarecer los hechos. El caso Plus Ultra ha generado un fuerte impacto en la opinión pública española, al tratarse de la primera imputación por corrupción contra un expresidente del Gobierno desde el retorno de la democracia.