La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó las acciones prioritarias para implementar la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, destacando que este tema es una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, se detallaron los plazos, mecanismos y dependencias involucradas en esta estrategia nacional.
Entre las acciones anunciadas destaca la expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda antes del 15 de octubre de 2025, la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), así como la implementación de herramientas tecnológicas como la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda, que integrarán datos biométricos e imágenes satelitales. También se fortalecerán las fiscalías especializadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación.
El gobierno federal prioriza además la atención al rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos, así como el acompañamiento integral para hijas e hijos de personas desaparecidas. Estas medidas se suman a la armonización de leyes locales con la legislación federal y a la próxima sesión del Sistema Nacional de Búsqueda. La funcionaria subrayó que más de 450 colectivos y familias participaron en los procesos de diálogo, aportando más de 570 propuestas que se agrupan en cinco ejes: búsqueda y seguridad, identificación forense, bases de datos, bienestar y prevención.
La implementación de estas acciones será acompañada por 17 instituciones del Gobierno de México, entre ellas la FGR, Renapo, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU-DH. Esta coordinación interinstitucional busca garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.
Finalmente, Rosa Icela Rodríguez reiteró que no basta con tener una ley; es necesario transformarla en políticas públicas tangibles, con enfoque humanitario, perspectiva de derechos humanos y participación directa de las víctimas. "Estamos comprometidos con una respuesta de Estado que escuche, respalde y actúe", concluyó.