Diputados del PRD y de Movimiento Ciudadano, se manifestaron en estado de alerta, ante la imposición ilegal de medidores digitales con la modalidad de tarjeta de prepago por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los diputados del PRD Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez, así como del MC Rosalío Pineda expresaron que el Distrito Federal es y seguirá siendo un punto rojo para la CFE porque no sabe cómo introducir estos mecanismos ilegales, ante el rechazo generalizado de los capitalinos.

Asimismo, hicieron un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que dejen de ser una tapadera de la CFE y cumpla con sus facultades de proteger los intereses del consumidor, ya que hasta la fecha no se han resuelto las decenas de miles de casos de cobros excesivos e injustificados, sino que los reclamos se siguen acumulando.

Por lo anterior, anunciaron que el próximo jueves realizarán una clausura simbólica de la Profeco, con el objeto de que la actual titular de esa dependencia, Lorena Martínez, no siga siendo comparsa ni solapando a la CFE, tal como lo hicieron sus anteriores titulares.

En conferencia de prensa conjunta, el presidente de la Comisión Especial sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica de la ALDF, Alejandro Ojeda, comentó que la CFE informó sobre una primera etapa en la zona centro para cambiar ocho millones de medidores.
“Con esta modalidad, se sorprende al público usuario diciéndoles que se están renovando los medidores y que los nuevos les ofrecerán más supuestos beneficios”, indicó. Además, insistió el asambleísta del PRD, esta acción no lo hace de manera opcional, sino que está cambiando de manera arbitraria los medidores de luz.

Manifestó que la modalidad de prepago atenta contra el derecho y el acceso a la energía eléctrica de manera ilegal, pues no está prevista en la Ley de Servicio Público de Energía, y el hecho de que se pretenda imponer por medio de un manual o reglamento, también es atentatoria contra las facultades del Poder Legislativo.

Sostuvo que en estados como Puebla y Tlaxcala ya se están instalando los medidores digitales de manera ilegal, lo que representa un delito porque están estableciendo un modelo tarifario de forma arbitraria. Agregó que los nuevos contratos no están inscritos en el registro público de contratos de adhesión de Profeco.

Abundó que esta forma de pago atenta en contra de los derechos de los usuarios, principalmente los más pobres o vulnerables, como fue el caso de una escuela de discapacitados que se quedaron sin luz y a CFE no le importó que se tratara de una institución que se dedicara sin fines de lucro a la atención de estos grupos vulnerables.

Por su parte, el diputado del PRD Gabriel Godínez expuso que haciendo un ejercicio de memoria, recordó que con el pretexto de que Luz y Fuerza del Centro (LyFC) representaba un enorme impacto fiscal y por ende repercutía en las tarifas al alza, quedó demostrado que eso era una mentira.

Apuntó que de 2009 a la fecha las tarifas siguen creciendo de manera agresiva a los bolsillos no sólo de los usuarios residenciales, sino también a los empresarios.

Indicó que para los consumidores domésticos las tarifas aumentaron 130 por ciento durante los dos sexenios panistas, tendencia que no se detuvo en la actual administración del PRI, pues se han registrado aumentos durante el 2013 y en enero hubo un alza más a las tarifas industriales del 1.2 por ciento respecto a diciembre pasado.

El legislador argumentó que estos incrementos se deben en gran parte a los compromisos contraídos con permisionarios privados que venden electricidad a la CFE a precios exorbitantes, que obviamente se reflejan en los recibos de los consumidores.

Subrayó que frente a la extinción de LyFC, se está beneficiando a la iniciativa privada, sin que ello signifique la modernización de la infraestructura ni se disminuyeron los costos de las tarifas.

En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Rosalío Pineda, declaró que por ningún motivo se permitirá que se instales los medidores digitales y llamó a la CFE a cumplir con los acuerdos que tuvo con la ALDF y el GDF, donde se comprometió a revisar los casos de abusos de cobros y darles una solución, situación que nunca se dio.