El diputado Gonzalo Espina Miranda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), alertó sobre la operación de una banda dedicada a la extorsión, principalmente, en colonias afectadas por los recientes sismos.

Expuso que a través de una supuesta agrupación denominada “Sindicato Lucio Cabañas Barrientos”, varios sujetos amedrentan al director de obra que supervisa reparaciones de los edificios afectados, donde se le exige el cobro de una cantidad que oscila entre los 10 y 50 mil pesos bajo la amenaza de que, si no es entregado el dinero, la obra será clausurada con violencia y embargarán los bienes.

De acuerdo al diputado del GPPAN, existe una notificación firmada por una persona llamada Héctor Reyes, “quien con prepotencia acude a los domicilios afectados para amenazar a los vecinos”.

Advirtió que ha entablado comunicación con la Secretaría de Seguridad capitalina para informarle y solicitarle una investigación sobre este tipo de extorsiones, las cuales, dijo, son un abuso ante la tragedia que vivió la ciudad.

La notificación en poder del diputado señala como domicilio de este supuesto sindicato, la avenida Centenario 699 en la colonia Lomas de Tarango, delegación Álvaro Obregón.

Dijo que la Comisión de Seguridad Pública hizo una investigación para conocer este domicilio y encontró que en esa ubicación solo hay un Hospital Veterinario.

Gonzalo Espina apuntó que las únicas organizaciones que pueden acudir a verificar una obra son aquellas reconocidas por la ley, tales como la Confederación de Trabajadores de México o la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, entre otras.

Sin embargo, estas tienen procedimientos transparentes y conocidos por la mayoría de los directores de obra; generalmente dan autorización para salvaguardar la integridad de los trabajadores en obras nuevas y no en reparaciones.

Por lo anterior, el diputado del GPPAN pidió a la población no dejarse sorprender, poniendo a sus órdenes las oficinas de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa, con objeto de verificar cualquier notificación, así como ser un vínculo para denunciar cualquier tipo de extorsión.