El diputado Fernando Aboitz planteó generar un programa de recuperación de cartera vencida del INVI

El 78 por ciento de la vivienda construida bajo Norma 26 no cumplió con los requisitos, señaló Alberto Martínez Flores de SEDATU.

Representes de vivienda indígena piden incluir a sus comunidades en las políticas de vivienda de la CDMX con un presupuesto especial.

Diputados, urbanistas y asociaciones sociales coincidieron en la necesidad de acabar con la gentrificación de la capital, a través de la recuperación e impulso del INVI, reducir el costo del suelo y desincentivar las megaconstrucciones que han afectado a miles de familias en la Ciudad de México.

Al analizar la problemática en torno a la vivienda social en la capital, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso, y la organización social Coordinación integral de la Ciudad de México, organizaron el foro _Políticas de vivienda en la ciudad de México, _el diputado Fernando Aboitiz Saro destacó la importancia de hacer efectivo el derecho a la ciudad, el derecho que tienen los capitalinos de permanecer en el lugar donde nacieron y se desarrollaron, pues actualmente se está dando el fenómeno de construir megadesarrollos en las zonas industriales, tal es el caso de las Granadas y Vallejo.

El también integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, recalcó que actualmente los habitantes de los barrios populares han tenido que ir abandonando sus viviendas por los altos costos que representa vivir en esas zonas y el encarecimiento de los servicios tales como pago de luz, agua, predial, por lo que propuso invertir más recursos en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), para la construcción de más vivienda social, así como generar un programa de recuperación de cartera vencida para que se pueda apoyar a más personas.

Durante la primera mesa de análisis de las políticas públicas, el urbanista Enrique Soto, aseveró que “los pobres no caben en la ciudad en las condiciones en las que están actualmente los mercados inmobiliarios”, pues actualmente el costo del suelo en la capital es muy caro, y donde está más económico es en suelo de conservación, en barrancas y terreno peligroso, que es donde se están dando los asentamientos irregulares. Por lo que planteó la necesidad de buscar alternativas para disminuir el coso del suelo o “cuando menos estabilizarlo o capturar la plusvalía”.

En tanto, Jaime Rello, integrante del Movimiento Urbano Popular, se manifestó en contra de las modificaciones del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, “trabajamos mucho en el artículo de la Ley de Derechos Humanos, que decía que los compañeros víctimas de desalojos forzosos, el gobierno tenía la obligación de realojamiento”, tal como está establecido en Naciones Unidas, dijo.

El problema surgió cuando los capitales inmobiliarios y los tribunales empezaron a hacer una campaña en los medios de comunicación, para que se modificara la redacción original, argumentando que se ponía en riesgo la propiedad privada, pero esto no era así, porque la medida únicamente aplicaba a desalojos forzosos, “que sin ningún juicio lleguen a tu casa, como están llegando las mafias, y están llegando todo mundo, y llegan a sacarte de tu vivienda, o hay un proceso legal viciado de corrupción”, aseveró.

Durante la segunda mesa “Normatividad en la Vivienda”, las representantes de vivienda indígena, Petra Ignacio Matías y Josefina Flores, hicieron un llamado al gobierno para que las comunidades indígenas sean incorporadas en las políticas de vivienda, con un presupuesto especial, además de crearles espacios para que desarrollen su cultura, la medicina tradicional, así como sus usos y costumbres.

Detallaron que han vivido en predios de alto riego que cuidaron hasta por 40 años, y que al fallecer los dueños, “el monstruo millonario”, es decir, las grandes inmobiliarias hacen los arreglos necesarios para lograr desalojos inhumanos en contra de familias pobres que habitaron esos sitios, para después vender a precios inaccesibles a los que no podrán acceder sus comunidades o las personas de más bajos recursos.

Sostuvieron que son producto de la migración que genera la pobreza al interior del país y que el único objetivo no es sólo darle de comer a sus familias, sino darles la oportunidad de que tengan una mejor calidad de vida.

El director general de seguimiento de programas de la SEDATU, Alberto Martínez Flores, dijo que uno de los retos que afronta la CDMX es el rezago de la producción de vivienda social, por lo que sugirió explorar la posibilidad de tener fuentes de financiamiento alterno.

Asimismo detalló en años anteriores el 78 por ciento de la vivienda que se generó a través de la Norma 26, no cumplió con los requisitos del precio de venta. Po lo anterior también por el establecimiento de un control del precio de suelo en el centro de la capital del país.

Finalmente la subdirectora de protección al patrimonio de salvamento arqueológico del INAH, Cecilia Susana Lam García, señaló que el Instituto no tiene un presupuesto destinado para que quienes detectan la existencia de vestigios puedan continuar sus obras, es decir, que son ellos los que deben aportar recursos e iniciar los trámites correspondientes, sin embargo afirmó que de un tiempo a la fecha se han logrado abatir los tiempos de respuesta para que las familias tengan certeza de sus viviendas.