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La iniciativa fue propuesta por el diputado Jesús Martín del Campo (PT) y presentada ante el pleno por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
El Congreso local aprobó la selección de candidatos a la Medalla al Mérito Deportivo 2018, propuesta por la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte.
Se acordaron también las personas y empresas que serán galardonadas con la Medalla al Mérito Turístico.
Como un reconocimiento a los jóvenes estudiantes asesinados por defender la autonomía universitaria, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para inscribir en letras de oro la leyenda “Mártires del 10 de junio de 1971” en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles.
La iniciativa fue propuesta por el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del grupo parlamentario del PT, y presentada ante el pleno por la diputada Jannete Guerrero Maya, a nombre de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
En tribuna, la legisladora Guerrero Maya destacó que el diputado Martín del Campo sostiene que “durante muchos años los gobiernos indujeron a que el movimiento estudiantil de 68-71 cayera en el olvido sin hacer justicia. Sin embargo, en la memoria colectiva sigue guardado este hecho tan doloroso en el que se violentó ilegalmente a los jóvenes”.
“Para esta generación y las futuras, los sucesos de junio de 1971 son un legado con lecciones sobre la lucha por las libertades individuales y la búsqueda incesante de una sociedad que intenta preservar los bienes y valores colectivos, pese y frente a regímenes autocráticos”, señaló la legisladora del PT.
“Con la inscripción de la leyenda “Mártires del 10 de junio de 1971” se hará justicia a aquellos jóvenes que salieron a la calle a manifestarse en contra del régimen político asfixiante que buscaba privar a las universidades de su autonomía”, expresó Jannete Guerrero.
Indicó que el sacrificio de los jóvenes de 1971, junto a los de octubre de 1968, permitió la refundación de la nación con un sistema electoral más democrático, que posteriormente permitió la alternancia, la consolidación de elementos igualadores para mujeres, jóvenes, adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad, el impulso a la participación ciudadana y la adopción de mecanismos de democracia directa, “así como la reformulación del paradigma constitucional, donde los derechos humanos son el eje central”.
