Se daría cumplimiento a lo que establece la Constitución y Tratados Internacionales


La diputada María Cristina García Bravo (PRD) impulsa un punto de acuerdo para considerar recursos que garanticen la salud, alimentación y educación integral de hijas e hijos de mujeres reclusas, “quienes merecen un trato especial ante sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno delincuencial que padecen los centros penitenciarios del país”.

El exhorto a los titulares de las secretarias de Salud, Educación Pública, Desarrollo Social, Hacienda y Crédito Público, precisa que dichos recursos se deberán considerar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017, con lo que se daría cumplimiento a los derechos contemplados en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública resaltó que las mujeres, en particular las madres que se encuentran en situación de reclusión, merecen un trato especial, pues en muchos casos sus hijas e hijos padecen de abuso físico y sexual al mudarse con familiares, amistades o vecinos.

La Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, contempla el derecho de las madres en situación de reclusión a mantener con ellas a sus hijas e hijos hasta los seis años, disponiendo de espacios que aseguren su desarrollo integral, incluyendo servicios de alimentación, salud y educación.

México, al ratificar en 1991 la Convención de los Derechos de la Niñez, adquirió el compromiso de velar por que las instituciones públicas y privadas, de bienestar y asistencia social, de salud, educación y justicia, garanticen el reconocimiento y el respeto a los derechos que conciernen a niñas y niños.

García Bravo destacó que al cierre del 2015, la población penitenciaria de mujeres era de 5 por ciento, la mayoría sin sentencia condenatoria, mientras que en diciembre de 2012 existían 377 menores de edad viviendo con sus madres.

Advirtió que los centros penitenciaros del país padecen sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno delincuencial, ya que en 12 de ellos existe una sobrepoblación superior al 300 por ciento.

En cuanto a la falta de gobernabilidad, dijo que en 2014 se realizaron, en el 58 por ciento de dichos centros, acciones de autoridad por parte de los internos, debido a que carecen de condiciones dignas para su reclusión y personal suficiente para vigilarlos, ya que por cada custodio existen 10 internos.

La diputada enfatizó que en el 88 por ciento de los centros de reclusión estatales no existe separación entre procesados y sentenciados, lo mismo en el 45 por ciento de los centros federales, lo que dificulta su reinserción social efectiva. Por el contrario, aleja a las y los internos de su entorno familiar, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014.

Estas situaciones, agregó, son ajenas a lo que mandata nuestra Carta Magna, artículo 18, el cual establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, al trabajo, capacitación, educación, salud y deporte como medios para lograr la reinserción social de las y los internos, con el objetivo de que no vuelvan a delinquir.