Mediante el fortalecimiento de la cultura democrática, la transparencia y el cumplimiento de la ley, las instancias públicas podrán recuperar la confianza ciudadana y combatir con ello la desafección política, coincidieron las y los especialistas, expertos y autoridades electorales, así como académicos, durante el foro Diálogos para una Capital Cívica.

Con esos planteamientos puestos sobre la mesa, continuaron los trabajos del primer día de dicho foro organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Instituto Nacional Electoral (INE), en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA).

Al moderar el panel titulado “Generación y compromisos encaminados a fortalecimiento de la cultura democrática”, la consejera electoral del IECM, Gabriela Williams Salazar, aseguró que este encuentro entre instituciones y cuidada servirá para la construcción de ciudadanía.

Las y los ponentes, la profesora de la UAM, Esperanza Palma Cabrera; la periodista Elisa Alanís; y el consejero electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, sostuvieron que para fortalecer la cultura de la democracia es necesario que los partidos políticos dejen de ser maquinarias electorales de conseguir votos, que coadyuven en la participación y en la representación ciudadana.

Mencionaron que la información pública, el diálogo y el fortalecimiento de las instituciones, así como el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, son elementos importantes para mejorar la vida democrática en el país y la Ciudad de México.

Durante el encuentro realizado en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en el que se llevó a cabo el panel “Transparencia y Rendición de Cuentas”, la consejera electoral IECM, Olga González Martínez, refirió que ambos derechos reflejan directamente la confianza que la ciudadanía tiene en los gobiernos.

La investigadora de la UNAM, María Marvan Laborde; la comisionada ciudadana del INAI, Areli Cano Guadiana; el director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohorquez; y el comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero, se pronunciaron por romper el monopolio de algunos sectores gubernamentales sobre el manejo de la información, por lo que la actuación de funcionarios debe colocarse en el escrutinio público.

El derecho a la información, aseguraron, tiene entre sus retos mejorar la atención a grupos vulnerables, como son las personas con discapacidad o los grupos indígenas. Agregaron que en México se necesita generar mecanismos eficientes de diálogo, frente a la severa crisis que se vive y a la existencia de instituciones alejadas de la ciudadanía en cuanto a los temas de transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, En el panel tres titulado “Cultura de la Legalidad”, participaron como ponentes: el académico de la Universidad Iberoamericana, Santiago Corcuera Cabezut; la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró; el magistrado presidente de la Sala Regional en la Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Armando Maitret Hernández; la magistrada de la Sala Especializada del TEPJF, Gabriela Villafuerte Coello; de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Luis Espíndola Morales, y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Ernesto Herrera Tovar.

Dicho panel estuvo moderado por el magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Gustavo Anzaldo Hernández, quien al abrir la ronda de participaciones expuso que los principales señalamientos planteados en el primer día del foro Diálogos para una Capital Cívica son los relacionados con la desconfianza ciudadana, la crisis en la credibilidad de las instituciones y el descontento de la sociedad en torno a la política.

A partir de ese planteamiento, los magistrados y especialistas en derecho convocados en el foro coincidieron en que es necesario trabajar en la construcción de la cultura de la legalidad, a través de fortalecer el cumplimiento de las normas y reglas, locales y federales, y así mejorar la percepción ciudadana en torno al buen funcionamiento de las leyes.