- Urge al GDF a precisar la fecha en que se prevé reanudar el servicio en toda la ruta

El presidente de la Comisión especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales asignados a la Línea 12 del Metro, Marco Antonio Calzada Arroyo (PRI), solicitó al Gobierno del Distrito Federal ser responsable e informe sobre la culpabilidad o inocencia de funcionarios capitalinos en las fallas detectadas en la obra.

Señaló que uno de los problemas centrales que se estudian al interior de este órgano legislativo es la defensa o la devolución del dinero federal, que asciende a casi 490 millones de pesos, utilizado en la construcción de la ruta.

Para ello, dijo, ya se están recabando los informes de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación y otras instituciones que tuvieron que planear, ejecutar y fiscalizar la obra de la Línea Dorada.

En tal sentido, agregó, adicionalmente a que se citará a los representantes legales de las empresas y a otros funcionarios involucrados, se requiere la documentación de autoridades y empresas para saber qué pasó realmente con los recursos y determinar si procede o no la defensa, o se exige la devolución de los mismos.

“Las comparecencias ante la Comisión especial serán fundamentales para conocer directamente las versiones y opiniones de todos los involucrados”, subrayó.

El legislador aseguró que se necesitan los fundamentos jurídicos y técnicos que lleven al monto final de los recursos federales que probablemente hayan sido mal ejercidos y gastados, conociendo además los nombres de las personas físicas y morales responsables de los probables malos manejos.

El diputado Calzada Arroyo urgió también a conocer cuándo se reabrirá la Línea 12 del Metro en su totalidad, ya que afecta a miles de personas que requieren de un transporte ágil, económico y seguro.

“Es urgente que el Gobierno del Distrito Federal brinde certeza a la ciudadanía, detallando fechas precisas para la reapertura de la Línea Dorada”, mencionó.

Finalmente, el legislador afirmó que los integrantes de la Comisión estarán atentos a las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para dar seguimiento al estado procesal que guarda el litigio entre el gobierno capitalino y la Secretaría de la Función Pública.