La Comisión de Reforma Agraria, que preside el diputado Jesús Serrano Lora (Morena), acordó reunirse con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a efecto de abordar la problemática del campo, como contaminación, ordenamiento territorial, falta de solución de conflictos y explotación mineral y petrolera en ejidos, comunidades y pequeñas propiedades.

En la junta de trabajo, en la que se presentó la agenda de reuniones con funcionarios de la SEDATU, el legislador señaló que la responsable de la dependencia federal debe presentarse a la mayor brevedad para lograr acuerdos positivos, “porque el campo ya no aguanta”.

“Reconocemos sus múltiples ocupaciones, pero el campo es prioritario”, puntualizó.

Lamentablemente, la solución de muchos problemas del agro es cuestión administrativa, es una burocracia muy grande y es increíble que persistan conflictos agrarios de más de 50 años, expresó

La Comisión deberá acercarse a platicar con los campesinos y exigir a las autoridades cumplir con sus funciones para solucionar las diferentes problemáticas. “En los lugares a los que he ido, me comenta la gente que nunca han visto a su diputado”.

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (PRI), secretario de la Comisión, propuso reunirse con el Jefe de la Unidad de Minería de la SEDATU, para que explique por qué en algunos distritos hay explotación mineral irregular.

De acuerdo con la reforma que creó esa secretaría de Estado, “el subsuelo es parte del territorio, del desarrollo agrario y de la justicia para los productores”.

Apoyó la instalación de mesas de orientación a campesinos, ejidatarios y comuneros y planteó establecer una agenda, coordinada con las de los delegados estatales de la Procuraduría Agraria, para ver qué días asisten representantes de determinadas zonas “y no crear cuellos de botella y más burocracia”.

El diputado Óscar García Barrón (PRI), también secretario de la Comisión, sostuvo que es necesario que comparezca la titular de la SEDATU dependencia pues gran parte de los yacimientos petroleros y minerales están en ejidos, comunidades y pequeñas propiedades. Consideró que debe comparecer con todo su equipo de trabajo, subsecretarios y responsables de área.

Urgió a armonizar y fortalecer la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Agraria, que protege el patrimonio de las familias del sector, además de actualizar el nombre de la SEDATU, pues desde 2013 desapareció la Secretaría de la Reforma Agraria y surgió SEDATU, que tiene las funciones que otorgaba la Ley Agraria a la anterior dependencia, y no se ha modificado la Orgánica de la Administración Pública Federal para definir sus responsabilidades.

Otro secretario de esta instancia legislativa, diputado Carlos Bello Otero (PAN), propuso que la Comisión sesione en diferentes estados y regiones donde se tienen detectadas problemáticas importantes.

Es necesario acercar a los funcionarios con los problemas que viven a diario los ejidatarios y comuneros “que por años han visto frustrada su esperanza de que se resuelvan”.

La agenda prevé un encuentro con el Subsecretario de Desarrollo Agrario, Gustavo Cárdenas Monroy, y con el director general de la Propiedad Rural, Luis Armando Bastarrachea Sosa, el 16 de febrero.

El 23 de febrero, se reunirán con el director del Registro Agrario Nacional (RAN), y el 1° de marzo, con el director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, (CORETT).


Aprobación de dictámenes


De igual forma, se avaló un dictamen a la minuta con proyecto de decreto que adiciona al artículo 45 de la Ley Agraria, para que todo contrato de asociación o aprovechamiento –celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares— de tierras de uso común, o parceladas, deberá inscribirse en el RAN y obliga que el órgano o institución correspondiente notifique al registro aquellos actos celebrados.

Tratándose de contratos en los que sólo intervengan determinados sujetos, así como los posesionarios reconocidos por la asamblea, la Procuraduría Agraria deberá coadyuvar en su inscripción.

Con ello se da certeza jurídica al realizar un contrato sobre la propiedad de la tierra; ayudará a los principios de máxima transparencia y publicidad en beneficio de los ejidatarios y comuneros; fomentará el desarrollo social y económico del país; permitirá un mayor control registral, y servirá como elemento pleno de prueba en controversias que pudieran surgir.