La Procuraduría General de Justicia capitalina reunió los datos de prueba que permitieron que un Juez de Control vinculara a proceso a dos hombres, quienes con un tubo y una varilla participaron en la agresión contra 11 policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública, que les solicitaron dejaran de vender al interior de la estación Tacubaya, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

A las 17:00 horas del 7 de diciembre, los policías realizaban su servicio de seguridad y vigilancia en la estación referida, ubicada en la línea 1, en la colonia Tacubaya, delegación Miguel Hidalgo, como parte del dispositivo de seguridad "Operativo Decembrino 2017", a fin de evitar la presencia del comercio informal en el Metro.

Los elementos policiacos detuvieron a tres hombres por comercializar de esta manera, y uno de los imputados incitó a los asegurados a resistirse al arresto, gritando que él no dejaría de vender.

Así, los hombres que se opusieron, junto con el imputado y otro comerciante que se le unió, agredieron físicamente a 11 policías; en particular, los indiciados golpearon a dos elementos policíacos con una varilla y un tubo; otro intentó agredir a un elemento con un cuchillo y durante la riña despojaron a los policías de tres radios transmisores.

Al lugar arribaron paramédicos de las unidades médicas de la Cruz Roja, Protección Civil, y privadas, quienes trasladaron a los heridos a un hospital para recibir atención médica.

Tras el enfrentamiento fue posible asegurar a los indiciados y una menor, de 15 años, quienes fueron trasladados a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializada (FAAE), donde se inició una carpeta de investigación por el delito de resistencia de particulares en pandilla.

La adolescente fue remitida a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, por ser un tema de su competencia.

Asimismo, quedaron asegurados los objetos con los que agredieron a los elementos policiacos, y se dio intervención a personal de la Coordinación General de Servicios Periciales para iniciar con las primeras indagatorias, como la toma de huellas y la clasificación de las lesiones.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) intervinieron también para realizar las diligencias correspondientes y se recabaron las entrevistas con testigos de los hechos.

Luego de obtener los datos de prueba necesarios, el representante social solicitó audiencia inicial a un Juez de Control, quien calificó como legal la detención y les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, estableciendo un mes para el cierre de la investigación complementaria.