El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa (ALDF), Raúl Flores, junto con otros diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, se reunió con un grupo de organizaciones populares involucradas en el tema de vivienda, con quienes abordaron temas relativos al uso de suelo en la Ciudad de México y a la preocupación que existe de parte de dichos grupos respecto a que se imponga un límite al costo del suelo para la construcción de vivienda de interés social y popular en la capital del país.

El diputado local señaló que como integrante de la fracción del PRD en dicho órgano legislativo, está en contra de que se establezcan dichos limites al valor del suelo, pues sólo tendría como consecuencia que los terratenientes encarecieran aún más el valor del suelo en las colonias, pues resulta imposible encontrar terrenos con valor de 3 mil pesos en la Ciudad.

“Lo que queremos revisar con las organizaciones y con los integrantes de la Comisión de Vivienda es que se retiren los valores en cuestión, que se respeten puntualmente las áreas de valor patrimonial, las zonas del plan parcial y que podamos tener un desarrollo urbano más ordenado en la Ciudad de México, sin clasismo, sin favorecer vivienda ahí donde no se puede construir, que es en zonas como Polanco, Anzures, Nápoles, San Miguel Chapultepec y en los pueblos y barrios originarios”, precisó.

Dijo que por el contrario en la Ciudad de México existe una serie de colonias en las que sin duda hay suelo ocioso y que se podría desarrollar el tema de la vivienda para trabajadores y vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) sujetándose a las reglas actuales de operación del Instituto e inclusive en un esquema más amplio de los organismos nacionales en la materia como INFONAVIT y FOVISSSTE.

Raúl Flores dijo que ante la preocupación que existe sobre la violación sistemática de la norma 26 y de la ley de vivienda por parte de algunos desarrolladores inmobiliarios, se están revisando las condiciones para poder discutir dichos temas de manera abierta con cada una de las partes que están involucradas en el tema de la vivienda: organizaciones, constructores, legisladores y gobierno.