_ Las pruebas aportadas por la Procuraduría General de Justicia capitalina fueron suficientes para que el Juez 5 penal dictara sentencia de 50 años de prisión a un ex policía, por el delito de secuestro exprés agravado, contra un hombre a quien acusó de vender droga y posteriormente solicitó dinero para dejarlo en libertad.
Además de esta penalidad, el sentenciado deberá pagar multa de 559 mil 600 pesos, de acuerdo con lo establecido en la causa penal 170/2016.
Según la averiguación previa correspondiente, el 18 de abril de 2015, a las 02:00 horas, el agraviado estacionó su vehículo marca Volkswagen en la calle Santa Balbina, colonia Santo Domingo, y fue sorprendido por cuatro elementos de la policía que se acercaron a él en una patrulla.
Los uniformados descendieron del automotor y le notificaron que harían una revisión en su vehículo; uno de los involucrados abrió la guantera de la unidad y aseguró que dentro de la misma había narcóticos, por lo que argumentando que vendía droga, y sin enseñarle el material presuntamente hallado, lo detuvieron.
Posteriormente los responsables agredieron físicamente a la víctima, la ingresaron a la patrulla y le pidieron dinero para dejarla en libertad, asegurando que de lo contrario, sería presentada ante el agente del Ministerio Público.
Ante esto, la madre del agraviado solicitó ayuda a policías de Inspección Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes inmediatamente rastrearon a los responsables.
Los uniformados rescataron al ofendido, detuvieron a los autores del ilícito y los pusieron a disposición del representante social, quien inició las diligencias que permitieron esclarecer los hechos.
Esta información se emite en términos del Artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México.
El proceso sobre el que informa este comunicado se inició previo a la plena entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), por lo que se desarrolló de acuerdo al sistema tradicional o mixto.
La Procuraduría General de Justicia capitalina refrenda su compromiso de combatir de manera frontal cualquier ilícito cometido por algún servidor público, a fin de mantener la confianza de los capitalinos en las instituciones, evitar la impunidad y alentar la cultura de la denuncia y la legalidad.
