· El coordinador del PRI en la ALDF, Israel Betanzos, afirmó que con las reformas al Código Penal, dictaminadas en comisión, se inhibirán prácticas de corrupción en el servicio público


La corrupción es uno de los grandes problemas que enfrentan los capitalinos, que genera desconfianza en el desempeño de los servidores públicos, cuando un funcionario actúa de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa, aseguró el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa, Israel Betanzos Cortes.

Puntualizó que a pesar de que la corrupción es un inhibidor de la eficiencia de un gobierno en la provisión de bienes púbicos, las sanciones para evitar esas conductas, son insuficientes.

Señaló que la corrupción y el cohecho han invadido las esferas sociales, políticas y económicas, y desalientan la competitividad debido a que generan condiciones de inequidad.

Betanzos Cortes subrayó que con las reformas al Código Penal para el Distrito Federal que dictaminó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, el servidor público que exija alguna contribución indebida o que lo haga por interpósita persona será inhabilitado de cinco a quince años para desempeñar algún puesto en el servicio público y no podrá contender por un cargo de representación popular, con lo que se terminará con los pagos a la lealtad en algunos institutos políticos.

Expuso que debido a los diversos actos de corrupción que se han registrado en la administración pública, los ciudadanos desconfían de la transparencia de las finanzas, porque en cualquier trámite los servidores públicos solicitan una dádiva para agilizar la solución de las demandas de los capitalinos y atender con eficiencia sus exigencias.

Dijo que aunado a ello, al término de cada administración, de los tres niveles de gobierno, los funcionarios utilizan los recursos del erario para fortalecer campañas políticas o sus propias finanzas, por lo que al ser mínimas las sanciones previstas en el Código Penal, continúa la descomposición de la ética administrativa, debido a que el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y tráfico de influencias se imponen en el desempeño de los servidores públicos.

Aseguró que con las reformas, que serán sometidas al pleno en próximos días, se incrementarán las penas en delitos contra el servicio público cometidos por servidores públicos, y delitos contra el servicio público cometidos por particulares, para que se sancionen con mayor rigor las prácticas de corrupción en la administración pública.