Al reconocer que la falta de intérpretes judiciales limita el acceso a la justicia mexicana, la Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Martha Mercado Ramírez, destacó la importancia de contar con un documento que permita y ayude a la especialización de quienes realizan esta labor para que la impartición de justicia sea equitativa sin distinción de personas.

“El acceso a la justicia simboliza un derecho que borda en la frontera de cualquier sistema jurisdiccional, ese derecho ha sido durante muchos años inaccesible a las personas con discapacidad, y de entre ellas, a aquellos con discapacidad auditiva, ya que no existen suficientes interpretes judiciales con conocimientos respecto de cómo funciona el sistema de justicia mexicano y sus intrincadas formas procesales”, afirmó al moderar la presentación del Manual del Intérprete Judicial en México, cuyos coautores son la Magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Carreón Castro y el Presidente de la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas de la República Mexicana, Daniel Maya Ortega.

Al encabezar el evento, en el que también estuvieron presentes los Magistrados Gustavo Anzaldo Hernández y Juan Carlos Sánchez León, la Magistrada Presidenta en funciones del TECDMX, Alejandra Chávez Camarena, señaló que este documento es un esfuerzo relevante para garantizar la protección de los derechos humanos de todas aquellas personas que puedan encontrarse en una situación de desventaja lingüística, lo cual representa un elemento de vulnerabilidad en sus relaciones con el sistema judicial.

Y agregó: “como elementos articuladores de todo el sistema jurídico, los tribunales se encuentran obligados a la creación de una infraestructura jurídica que resuelva los conflictos haciendo valer los principios constitucionales y fortalezca la integridad institucional”.

En su oportunidad, la Magistrada María del Carmen Carreón Castro sostuvo que con esta edición se está abriendo una brecha de temas que se sabe que existen y no son visibilizados, y como servidores públicos se tiene la responsabilidad de enfrentarlos, abordarlos y siempre marcar una solución.

Aclaró que no se trata un tema para intérpretes sólo en Lengua de Señas Mexicana, sino en lenguas indígenas y extranjeras, y la labor es llevarlos a conocer cuál es su posición dentro de un proceso judicial, donde además se les brindan herramientas sobre los códigos de ética en el desempeño de su función.

“Algo fundamental para los servidores públicos, porque si no tenemos bases morales, bases de ética, porque estamos representando a otras personas, podemos estar cometiendo muchos errores y este manual, invita a conocer los distintos códigos de ética para los interpretes”, subrayó.

En su oportunidad la Consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Margarita Favela Herrera, destacó que el Manual del Interprete Judicial en México, también está dirigido para todo el personal jurisdiccional pues contribuye a mejorar la calidad de acceso a la distribución de justicia a las personas con discapacidad, indígenas y extranjeras; y abona para tener una justicia más completa en nuestro país.

Consideró que es necesario formar interpretes especialistas y este libro “tiene como objetivo sentar las bases generales de orientación para los intérpretes en materia de derecho, pues éste se constituye como una disciplina con un lenguaje sumamente técnico que requiere de la comprensión de una serie de elementos teórico-conceptuales para su justa dimensión y los intérpretes, por tanto, no son peritos o expertos en la materia y este libro busca proporcionar los modos de actuación en la sede judicial”.

Asimismo, indicó que las personas sordas tienen derecho a conocer su situación jurídica, los motivos por los cuales están siendo procesados, el acceso a la información de su expediente o en su caso de fungir como testigos, que su declaración pueda ser tomada con la interpretación correspondiente, por tanto, contar con interpretes permite a este sector de la población el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos y obligaciones.

Al hacer uso de la palabra, Daniel Maya Ortega, coautor del libro, destacó que este documento es de suma importancia no sólo para los intérpretes en formación sino también para los impartidores de justicia y para que sepan qué es un intérprete.

“Para que las autoridades comprendan que los interpretes deben pasar por un proceso de formación que no sólo por ser hijos de una persona sorda, o porque me aprendí las señas de un diccionario, automáticamente ya se es intérprete, tienen que pasar por todo un proceso de formación tanto de los conocimientos técnicos de la materia que va a interpretar como de los principios propios de la interpretación”, precisó.

Finalmente, reconoció al Tribunal Electoral de la Ciudad de México por ser el primer tribunal en el país y en toda Latinoamérica que interpreta en Lengua de Señas Mexicana las sesiones públicas que éste lleva a cabo.