El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el dictamen que crea la Ley de Remuneración de Servidores Públicos del Distrito Federal, consistente en fijar “topes” para que ningún funcionario perciba un salario mayor al del jefe de Gobierno.

La propuesta realizada por el diputado del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, señala que ningún servidor público reciba una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el jefe de Gobierno del Distrito Federal en el Presupuesto de Egresos.

Ningún funcionario podrá tener un sueldo igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos y la remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivadas de una labor técnica calificada o especializada, indica el dictamen.

También establece que la legislación aplicará para los titulares de órganos autónomos: Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Instituto de Acceso a la Información Pública, Instituto Electoral y Tribunal Electoral, todos del Distrito Federal.

Además, menciona que aquellos servidores públicos que a la entrada en vigor de la presente ley, perciban remuneración salarial igual o mayor a la del Jefe de Gobierno, seguirán percibiendo la misma remuneración hasta que termine su mandato o encargo.

El Congreso de la Unión aprobó el 28 de abril de 2009, reformas al artículo 127 constitucional para el establecimiento de la Ley de Salarios Máximos, la cual fija topes a las percepciones de los servidores públicos y cancela la posibilidad de recibir una remuneración mayor a la del Presidente de la República.

Asimismo, el decreto constitucional establece que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del mismo dentro de un plazo de 180 días naturales, siguientes a su entrada en vigor.

El autor de la iniciativa, diputado Víctor Hugo Lobo destacó en tribuna que la implementación de la citada ley es “un parteaguas” porque establece mecanismos que impiden excesos, eludiendo la aplicación de la justicia distributiva, la austeridad e invalidan los controles efectivos del gasto.

“Hoy la Ciudad de México y sus servidores públicos van a ser ejemplo; es injusto cobrar impuestos a una población empobrecida para pagar costosos sueldos”, manifestó el legislador, quien dijo que dignificar y redefinir la función pública está íntimamente relacionado con un esquema de sueldos adecuados y transparentes.

Lobo Román señaló que el gobierno del Distrito Federal al ser de sentido y justicia social, debe tener la firme decisión de racionalizar y reorientar el uso de los recursos públicos mediante la reducción de gastos operativos de las dependencias y entidades locales, hacia programas sociales, obras, infraestructura y proyectos que fomenten el desarrollo económico.

“La ley fija topes a las percepciones de los servidores públicos y cancela la posibilidad de que ninguno pueda recibir una remuneración mayor a la establecida para el jefe de gobierno del Distrito Federal como referente por el alto encargo de sus obligaciones financieras, legales, sociales y políticas”, expresó.