Con el objetivo de refrendar el compromiso con la democracia y el correcto desarrollo de los procesos electorales en el país y con el fin de ofrecer garantías para que éstos se realicen en un marco de seguridad, justicia, equidad y legalidad, hoy se celebró la firma de la Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018, suscrita entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF).

En el encuentro realizado en las instalaciones del INE, el presidente de la AIEEF, Mario Velázquez Miranda, indicó que quienes conforman los órganos electorales locales acudieron a este encuentro a refrendar su compromiso con la democracia y el correcto desarrollo de los procesos electorales que este año se organizan, a fin de ofrecer las garantías necesarias en un marco de seguridad, equidad y legalidad.

En este sentido, consideró que para seguir organizando procesos electorales íntegros, es indispensable asegurar la autonomía de cada autoridad electoral en el ámbito presupuestal, pues aseguró ésta no se ha alcanzado, “lo que es una exigencia que deberá atenderse”, enfatizó.

Acompañado por las consejeras y los consejeros presidentes de las entidades federativas, el también consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda, sostuvo que las instituciones electorales están conscientes de la responsabilidad que tienen para la culminación exitosa de estos comicios; por lo que las y los integrantes de la AIEEF hicieron un llamado a todas y todos los actores políticos, a las candidatas y candidatos a conducirse con apego a los principios rectores de la materia y con respeto absoluto a las condiciones de equidad y civilidad que se deben observar antes, durante y después de la jornada electiva.

Asimismo, dijo que mediante este instrumento, se convoca a las autoridades de los tres niveles de gobierno para mantener una vigilancia rigurosa y puntual en cuanto a la procedencia, el ejercicio y el límite de los recursos y aportaciones para las campañas y, en su caso, actuar con firmeza y determinación en la imposición de sanciones a quien resulte responsable de una violación de las leyes electorales.

Con estas acciones, puntualizó, “queremos enviar un mensaje contundente de que, de cara a este último tramo del proceso electoral, esperamos y exigimos de todas y todos los actores una actuación estrictamente ética, en la que su accionar se conduzca en apego a la congruencia, respeto, honestidad, mesura, prudencia y transparencia, características que se esperan de quien asume la responsabilidad de pedir el voto ciudadano”.

Velázquez Miranda se dijo convencido de que “las instituciones electorales haremos saber a la ciudadanía que honraremos la confianza que depositan en cada una de las instituciones que representamos, haciendo valer la ley de manera justa e imparcial, respondiendo a las demandas de procesos ordenados, pacíficos y trasparentes, cerrando el paso a la violencia, al uso de recursos de procedencia ilícita y a todas las malas prácticas que pongan en riesgo la integridad de la elección más grande de México, en la cual seguiremos trabajando de manera coordinada y abierta”, concluyó.

En la firma de la Declaratoria participaron el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello; el gobernador de Tabasco y presidente de la CONAGO, Arturo Núñez Jiménez; el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malasis; el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Díaz Santana; y el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C., César Lorenzo Wong Meraz.

Además, estuvieron presentes los gobernadores de Baja California, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán; así como las y los representantes de los gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerreo, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.