La regulación de drogas en el Distrito Federal es ya un hecho irreversible, aseguró la diputada Esthela Damián quien destacó la importancia de tomar en cuenta la evidencia y ejemplos de buenas prácticas a nivel internacional, para la revisión, elaboración y puesta en práctica de las mejores políticas en esa materia en México.

“Es una gran responsabilidad para la Asamblea Legislativa dialogar y decidir la mejor solución para el caso específico de la regulación de drogas, por lo que es importante que aprendamos de lo que otros han ya experimentado”, afirmó.

Tras adelantar que el respeto a los derechos humanos será uno de los aspectos que contemplará la iniciativa que próximamente presentará la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dijo compartir la postura que ha asumido José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW), en el sentido de que los gobiernos no deben imponer sanciones penales por consumir droga, sino fomentar campañas de prevención y atención a las adicciones como sucede actualmente con el consumo del alcohol y tabaco.

Afirmó que mientras esté en el eje la discusión de reducir los daños en términos generales, no sólo las afectaciones a la salud sino también aquellos que implican la estigmatización y la criminalización de los usuarios de drogas, sean estas legales o ilegales, será un avance fundamental y colocará a la ciudad de México a la vanguardia de dichos temas.

Hizo hincapié en que de acuerdo a cifras oficiales, en México se tiene un problema serio de salud con las drogas legales, porque mueren al año 70 mil personas por consumir tabaco.

“Preocupa el consumo de alcohol que está bajando en las edades de jóvenes entre 10 a 14 años, y niños de secundaria que más de la mitad consumen hasta tres veces más”.

Asimismo, reveló que la criminalización aumenta el precio de las drogas y que una parte significativa de los ingresos del narcotráfico mexicano provienen de la marihuana, los cuales destinan para comprar armas, pagar sicarios y corromper a funcionarios públicos.

En este sentido, confió en que la regulación reduciría estas rentas que no son sustituibles por otras actividades del crimen organizado como el secuestro, la extorsión, el asalto y el robo”, señaló.

“La estigmatización social y la criminalización de los consumidores no permite obtener información exacta sobre el consumo de cannabis. El combate frontal al crimen organizado por la distribución de drogas no ha logrado la disminución del tráfico y consumo de estupefacientes ni los grupos delincuenciales”, aseveró.