Ante el lamentable asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, acompañado del homicidio de cuatro mujeres, entre ellas una empleada doméstica, ocurrido el pasado viernes en un departamento ubicado en la colonia Narvarte de la delegación Benito Juárez, la diputada Dinorah Pizano Osorio, solicitó se esclarezca este hecho y se capture a quienes resulten responsables.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aseveró que los atentados cometidos contra periodistas son un claro ejemplo de violaciones a derechos humanos, la libertad de expresión, la seguridad, a vivir libre de violencia y a la vida misma.

En los últimos años ha incrementado el número de amenazas y homicidios a periodistas y quienes laboran en medios de comunicación, pues de acuerdo al mapa digital “Agresiones contra periodistas y blogueros en México” elaborado por Freedom House y el Centro Internacional para Periodistas, de diciembre de 2012 a mayo de 2015 en nuestro país se han suscitado 241 ataques que van desde la agresión digital hasta el asesinato de colaboradores de la prensa.

Por lo anterior la legisladora perredista afirmó que es necesario la publicación de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, aprobada en la ALDF el pasado 8 de julio del año en curso, con el fin de dar garantías legales a los periodistas del Distrito Federal.

Dicha Ley garantiza la protección y libertad de expresión de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradores de medios, al establecer como responsabilidad de los Entes Públicos del Distrito Federal el implementar y operar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social de las personas que se encuentran en situación de riesgo, aún cuando éstas no sean oriundas de la capital del país pero que por violencia hacia su persona se encuentran fuera de su lugar de origen, tal como era el caso del fotoperiodista Espinosa, colaborador de Proceso y Cuartoscuro.

Asimismo, señala la creación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del D.F., mismo que tendrá la obligación de atender las solicitudes y establecer medidas de protección en un procedimiento ordinario no mayor a 10 días hábiles, sin embargo si la petición es de carácter urgente se deberá implementar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la vida, libertad e integridad física de las personas en peligro en un máximo de dos horas, con el objetivo de evitar hechos como el del pasado 31 de julio.

Finalmente, Pizano Osorio reconoció que la privación de la libertad e incluso de la vida de periodistas es un acto complejo, por lo que se requiere de la participación de otras instituciones como el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para que coadyuven a la oportuna protección de los derechos de quienes colaboran en los medios de comunicación.