La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a abrir una investigación para esclarecer la presencia de grupos de choque en las recientes manifestaciones pacíficas.

Lo anterior, bajo la presunción de que los supuestos grupos de choque impiden el goce del derecho humano a la libertad de expresión, a la protesta pacífica a los habitantes de la Ciudad de México, así lo expresó el diputado Alejandro Ojeda, al hablar a nombre del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez.

En la tribuna de la ALDF, el legislador del PRD dijo que existen evidencias digitales que circulan en el Internet, sugieren que estos grupos son pagados y plantados por el Gobierno Federal en las protestas pacíficas con la finalidad de generar violencia, intimidar a los manifestantes y hacer posible la intervención de las fuerzas del orden afín de agredir a los manifestantes.

Mencionó que ante las movilizaciones recientes “De acción global” por el Caso de Ayotzinapa, se repiten estas mismas estrategias de legitimación de la represión generadas por grupos de choque, de los cuales hay indicios que sugieren que están involucrados con el gobierno y que solo se infiltra en las manifestaciones para generar disturbios y hacer posible la represión de la fuerza pública a las manifestaciones pacíficas.

El diputado Ojeda expresó que los destrozos que estos grupos de choque han causado, como el incendio de una unidad del Metrobús en la estación CU. La quema de la puerta de Palacio Nacional el pasado 9 de noviembre, por un grupo de choque, dio pie a la represión de las personas que solo acudieron a la Marcha para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, intimidando así a los asistentes a la marcha pacífica que en su mayoría eran jóvenes estudiantes.

Agregó que el pasado 20 de noviembre grupos de choque, al terminar la marcha en la Plaza del Zócalo, comenzaron disturbios y la policía comenzó a replegar a los agresores, golpeando, deteniendo y privando de su derecho humano a los asistentes a la marcha pacífica. Resultado de esta acción de represión se detuvieron a 11 personas que en su mayoría son estudiantes, so pretexto que eran anarquistas.

Recordó que el 1 de diciembre de 2012, un “grupo de choque” que transgredió el cerco que protegía el Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados, derivado de este conato de violencia hubo represión contra la manifestación pacífica de organizaciones sociales y el movimiento #YoSoy132 a causa del ataque de este grupo organizado, que derivo en más de 100 detenciones por los actos de violencia.

Manifestó que según datos del medio digital de Sin Embargo la Unión de la Juventud Revolucionaria México, acepto haber recibido dinero a cambio de ocasionar disturbios en la manifestación pacífica.

Sostuvo que como se puede denotar sin necesidad de un análisis profundo los grupos de choque, son grupos organizados y enviados presuntamente por el Gobierno Federal, para la legitimación de la acción de la policía y reprimir la manifestación pacífica.

El punto de acuerdo se promovió porque a la CNDH le corresponde priorizar la defensa y promoción de los derechos humanos observando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, para lo cual, de acuerdo con el numeral 6 de la CNDH, el organismo tendrá atribuciones para conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos.

Destacó que en la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. De la misma manera la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 15 Se reconoce el derecho de reunión pacífica.