El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la ALDF, Armando López Campa, anunció que presentará un punto de acuerdo ante el pleno del órgano legislativo local a efecto de solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob), que actualice y verifique la cifra de empresas privadas de seguridad que operan en el Distrito Federal y en el resto del país.

Al respecto, indicó que en un análisis sobre la Regulación de los Servicios de Seguridad, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió en su momento la falta de estadísticas confiables sobre este tema y el riesgo que ello implicaría en el control de personas que portan armas de manera regulada en el ámbito estatal y nacional.

Reveló que la ASF encontró que las 64 mil 235 personas que integran el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, contaron con mil 492 vehículos, así como mil 858 armas cortas y 2 mil 93 armas largas.

López Campa mencionó que en las observaciones de la Cuenta Pública 2013, la ASF detectó que no existe una estadística confiable para conocer cuántos elementos de seguridad privada laboran en el país, por lo que instó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a mejorar y verificar la confiabilidad de las cifras.

Dijo que resultado de la revisión al programa "Evaluación de la Política Pública de Seguridad Pública" de la Segob, se encontró que derivado del incremento de la inseguridad y los índices de percepción ciudadana entre 2007 y 2013, el número de personal de las empresas de seguridad privada se incrementó 7%.

En este sentido, mencionó que el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refiere que pasó de 79 mil 826 elementos en 2010 a 85 mil 439 en 2013.

No obstante, la misma Auditoría encontró que en el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se registraron 128 mil 881 elementos de empresas de seguridad privada, en tanto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó para 2013 un total de 64 mil 235 personas operativas con autorización federal.

El legislador ciudadano hizo hincapié en que la diferencia de cifras del personal de seguridad privada, advierte la necesidad de mejorar y verificar la confiabilidad de las estadísticas.

Afirmó que los resultados obtenidos por la ASF establecen que el aumento en el número de elementos de seguridad se debe a la poca o nula prevención de los delitos, ineficiencias en la investigación y persecución de los ilícitos, la ineficacia del sistema de justicia penal, la ausencia de mecanismos eficaces de reinserción social y la escasa coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.

La misma evaluación aseguró que la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación autorizó que 914 empresas de seguridad privada apoyaran los servicios de seguridad pública; sin embargo, no dispuso de indicadores que permitan evaluar el impacto de dichos servicios en la prevención de la comisión de delitos.