Carlos Candelaria López, coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social, PES, en la Asamblea Legislativa, VII Legislatura, exigió ante la Diputación Permanente de la VII Legislatura, la comparecencia de Antonio Hazael Ruiz Ortega, subsecretario del sistema penitenciario en esta ciudad, para que explique las anomalías que viven los internos en el Reclusorio Norte.

“Desde el pasado 17 de febrero de 2016 y ante la grave problemática que ya presentaban los centros penitenciarios en esta ciudad, pedimos que se pusiera atención en estos sucesos, sin embargo, los reclusorios son parte de los asuntos no relevantes para este gobierno y por ende no hicieron caso”, dijo Carlos Candelaria.

Añadió que la problemática es grave, si se considera que la Ciudad de México, tiene más internos que el Estado de México con 25 mil, Jalisco con 18 mil y Baja California 16 mil, respectivamente.

“En los últimos años, el sistema penitenciario ha ejercido por año, un monto total de 2 mil millones, 500 mil pesos. Si consideramos el número promedio de internos estamos hablando que por cada interno se gasta al año 67 mil 638 pesos, situación que hay que resaltar si comparamos con que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) gasta promedio anual por alumno 42 mil 249 pesos”, aseveró.

El coordinador de la bancada de Encuentro Social en la Asamblea Legislativa, agregó que si se consideran los bajos resultados en reinserción social y familiar así como el desarrollo en diferentes aspectos de los internos, el tema es sumamente relevante, “no se cumple con el objetivo y eso es inaudito”.

“La seguridad, corrupción y comisión de delitos al interior y desde el interior del Reclusorio Norte, como se expuso en un reportaje por un medio de comunicación a nivel nacional, es una asunto grave en el cual se deben deslindar responsabilidades”, agregó.

Carlos Candelaria comentó que Antonio Hazael Ruiz Ortega, subsecretario del sistema penitenciario debe acudir a la ALDF a explicar por qué se comercializa con droga, por qué se efectúan extorsiones telefónicas y por ende por qué se permite la complicidad de las autoridades penitenciarias ante estos ilícitos.