· Expone que es fundamental garantizar los derechos de quienes ejercen ese trabajo

Con el propósito de garantizar los derechos de las y los trabajadores sexuales e instrumentar políticas, medidas, acciones y programas de gobierno para su desarrollo integral, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa, Jany Robles Ortiz, presentó una Iniciativa de Ley que Regula el Trabajo Sexual en el Distrito Federal y deroga la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica de Distrito Federal.

En su exposición de motivos subrayó que es fundamental concebir a las personas que realizan trabajos sexuales, con la dignidad y capacidad de decidir sobre su persona, y asegurar que no se violen sus derechos.

Refirió que a nivel mundial se estima que el número de sexoservidoras asciende a 40 millones, y que el trabajo sexual se observa de distintas maneras. “Por ejemplo, en Holanda la prostitución no es delito y las trabajadoras del sexo tienen seguridad social y subsidio por desempleo; en Dinamarca, las meretrices están obligadas a pagar impuestos, pero no reciben prestaciones, mientras que en España, Italia y Francia, la prostitución no está ni autorizada ni prohibida”.

Dijo que según cifras de instituciones y organismos de la sociedad civil, en la Ciudad de México aproximadamente 40 mil personas se dedican al trabajo sexual.

La diputada priísta destacó que las reformas propuestas tienen el propósito de reconocer la dignidad de las personas dedicadas a este trabajo y establecer las condiciones necesarias para su ejercicio: ser mayor de dieciocho años de edad, tener capacidad de comprender el significado de la actividad que se está realizando; que se haga de manera voluntaria y sin ninguna coacción, y en las zonas que para ello establezca la autoridad.

Detalló que a las y los trabajadores sexuales que realicen o practiquen actos sexuales en la vía pública, se les impondrá arresto inconmutable hasta por 36 horas y una multa de 20 a 50 días de unidad de cuenta; quien ofrezca sus servicios fuera de los perímetros fijados o reconocidos por las delegaciones será retirado de la vía pública y presentado ante el Juez Cívico, y a los usuarios que contraten los servicios de un menor de edad se le impondrán las penas señalas por el Código Penal del Distrito Federal.