La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del PT, impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR), a establecer una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Autoridades Municipales, ante el creciente número de agresiones y crímenes contra diversos funcionarios locales.

El exhorto establece que con dicha fiscalía se investiguen las agresiones contra candidatos, alcaldes electos, presidentes municipales, legisladores estatales y regidores, así como secretarios de Seguridad Pública locales y jefes policiacos.

Además, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el marco de su competencia, coadyuve con recomendaciones públicas, no vinculatorias, acerca de denuncias y quejas relacionadas con esta fiscalía especial.

Núñez Monreal, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que en la pasada administración pública federal se registraron 174 asesinatos de funcionarios públicos y políticos cometidos por el crimen organizado.

Ante ello, “es urgente que la Procuraduría General de la República atraiga para investigar todas las violaciones y asesinatos cometidos contra autoridades municipales”, afirmó.

La diputada precisó que de acuerdo a la Federación Nacional de Municipios de México, en el pasado sexenio 126 alcaldes fueron amenazados; recientemente, el 7 de noviembre de 2013, ocurrió el asesinato del doctor Ygnacio López Mendoza, presidente de Santa Ana Maya, Michoacán, quien denunció diversas irregularidades en su municipio, así como amenazas contra su persona.

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, los decesos de alcaldes municipales por ejecución se elevaron exponencialmente entre el 2010 y enero del 2011 al sumar un total de 17.

En el 2004 fueron dos; en el 2005, uno; en 2006, dos; en 2007 no se registraron; en el 2008, dos, y en el 2009, cinco.

Según el estudio, entre el 2008 y el 2009, nueve de los presidentes municipales muertos eran autoridad en zonas donde el gobierno federal incrementó su presencia policial y militar, razón por la cual las bandas criminales tomaron represalias contra ellos.

“Estos homicidios ponen de relieve el riesgo que enfrentan algunas autoridades locales frente a grupos criminales”, aseguró la legisladora por Zacatecas.

Explicó que según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los registros de averiguaciones previas integradas en las procuradurías de justicia, siguen al alza los secuestros, robos con violencia, lesiones, delitos patrimoniales y homicidios.

En el caso de estos últimos, el total que se reportó entre enero y agosto de 2013 fue de 23 mil 55, de los cuales 13 mil 916 son dolosos. Sin embargo, no se detalla cuántas muertes violentas están relacionadas con el crimen organizado.

En relación con los asesinatos de autoridades locales, advirtió que la carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad propician que dichos actos vayan en aumento.

Enfatizó que es urgente abatir la impunidad prevaleciente en la mayor parte del país, derivada de la inacción de las autoridades competentes.