La Procuraduría General de Justicia capitalina presentó elementos de prueba contundentes para que el Juez 36 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, dictara sentencia individual de 52 años y seis meses de prisión, a cuatro de seis probables participantes en el secuestro de tres custodios y un transportista, en la delegación Cuauhtémoc.

Cada procesado deberá pagar multa de 42 mil 500 pesos y, en conjunto, tres millones 649 mil 60 pesos con 41 centavos o la devolución de la mercancía robada a las víctimas durante el hecho delictivo, como reparación del daño.

La causa penal 72/2015 indica que el 21 de abril de 2015, dos de las víctimas salieron de la aduana de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en una camioneta Chevrolet, a fin de trasladar relojes al Estado de México, resguardados por dos custodios que iban, cada uno, a bordo de un automóvil Tsuru.

Minutos más tarde, los agraviados detuvieron la marcha en el cruce de las avenidas Insurgentes y Baja California, colonia Roma Sur, debido a que se encontraron con un semáforo en rojo, en ese momento, una camioneta Ram, tipo Pick Up, color blanco, con placas de Tamaulipas, se interpuso entre el vehículo de transporte y los automotores de los guardias, quienes fueron amenazados con armas de fuego y obligados a subir a otros carros.

Al primero de ellos lo trasladaron en un Volkswagen, tipo Pointer, hasta la colonia Agrícola Oriental, donde fue liberado, mientras que al segundo lo interrogaron, lo desapoderaron de sus pertenencias y lo trasladaron en un auto a las inmediaciones del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, donde lo abandonaron.

Al percatarse de que los guardias eran asaltados, el conductor de la unidad que llevaba la mercancía siguió su marcha y después solicitó apoyo a los cuatro tripulantes de una camioneta con logotipos de la Policía Federal, que resultó falsa.

Los supuestos uniformados, quienes llevaban el rostro cubierto, le dijeron al denunciante que se estacionara y abordara el vehículo en el que viajaban. Más adelante, lo obligaron a bajar e inmediatamente a subir al coche que anteriormente se había usado para bloquear el paso de los custodios que fueron interceptados.

Al vigilante que iba con el chofer de la empresa de transporte le colocaron una malla en la cabeza, le quitaron sus pertenencias y lo llevaron en un automóvil Matiz hasta la colonia Progreso, delegación Álvaro Obregón; posteriormente, lo liberaron.

Estas acciones fueron monitoreadas por el Centro de Comando y Control C-2, por lo que policías preventivos detuvieron a seis imputados, dos en flagrancia, dos más en la delegación Miguel Hidalgo; uno más en la Cuauhtémoc y otro en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Por medio del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México C-4, la camioneta de la empresa fue encontrada sin mercancía, al igual que los autos en los viajaron los indiciados.

Los probables participantes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien inició la averiguación previa por el delito de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro exprés agravado y cohecho. Asimismo, dio intervención a elementos de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Coordinación General de Servicios Periciales para comenzar las indagatorias correspondientes.

La situación jurídica de uno de los implicados no ha sido determinada debido al proceso de revisión del amparo contra el auto de término constitucional; otro de los imputados tiene una orden de reaprehensión pendiente y uno más fue dejado libertad porque el juzgador consideró insubsistente el auto de formal prisión.

La presente información se emite en términos del Artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México.

Las personas mencionadas en este comunicado tienen el carácter de imputadas y se presume su inocencia hasta que, en su caso, la autoridad jurisdiccional resuelva lo contrario.

El proceso sobre el que informa este comunicado se inició previo a la plena entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), por lo que se desarrolla de acuerdo al sistema tradicional o mixto.