Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la destitución del perredista, Israel Moreno, el 9 de diciembre de 2017, éste fue vinculado a proceso por incumplir con una sentencia de amparo.

El amparo que derivó en su sustitución y en la consignación de su antecesor, José Manuel Ballesteros, ordenó la expedición de cuatro nombramientos de verificadores, pagar las diferencias salariales y aguinaldos, así como otorgar los elementos necesarios a cuatro trabajadores de la delegación.

En enero pasado, el juez de control, Gerardo García, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, solicitó al Ministerio Público federal la aplicación de un criterio de oportunidad a favor del ex delegado para que se retire la acusación y quede sin efectos la acción penal.

En febrero el Ministerio Publico aceptó la aplicación del criterio de oportunidad; sin embargo, en marzo dejó sin efectos el acuerdo y declaró que por el momento no era procedente la declaración de sobreseimiento.

El ex delegado solicitó un amparo ante el Juez Cuarto de Distrito en la Ciudad de México que, de inicio, desechó la demanda.

Mediante un recurso de queja, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal, de la Ciudad de México, ordenó al juez de amparo admitir la demanda de garantías promovida por el perredista.

Será el juez de amparo quien decida si la decisión del MP está apegada a derecho y el ex delegado permanece vinculado a proceso o si proceede a concluir el asunto y que el MP desista de su acusación.