Para alcanzar la integridad en el actual Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, a efecto de que los resultados de los comicios sean legítimos, es indispensable que actores políticos se conduzcan con respeto, pero también que la ciudadanía participe de manera informada, expuso el Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda.

“Una ciudadanía informada tendrá mayores elementos para emitir un voto razonado y exigir el cumplimiento de sus derechos político-electorales porque cuando no se tiene conocimiento de las reglas del juego electoral difícilmente se puede ejercer una crítica constructiva, ni una calificación al actuar institucional.

“Es fundamental el voto informado porque no sólo se trata de alcanzar la organización debida del proceso electoral, sino lograr que los comicios queden exentos de cualquier señalamiento que vulnere la confianza ciudadana y con ello la legitimidad de los resultados”, sostuvo.

El planteamiento fue vertido durante una mesa redonda realizada en la sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), donde se abordó el tema: “Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica-transparencia-coacción jurídica”.

En el panel de reflexión participó el titular del IECM, junto con el Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez; el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Armando Hernández Cruz; la directora de Vinculación con Órganos Electorales y Organismos de la Sociedad Civil de la FEPADE, Diana Talavera Flores; el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, y los catedráticos Luis Molina Piñeiro y Raúl Ávila Ruiz.

Durante su ponencia, Velázquez Miranda destacó que las instituciones electorales federales y locales cuentan con una amplia experiencia en la implementación de mecanismos para realizar procesos confiables y seguros, pero hay temas pendientes para alcanzar elecciones íntegras, y se requiere la labor conjunta de autoridades, actores políticos y ciudadanía.

Enfatizó que hay un importante déficit en la responsabilidad ética y apegada a la legalidad de parte de actores políticos, particularmente en lo que se refiere al uso de recursos públicos y programas sociales con fines electorales, derivado en gran medida de la falta de reglamentación del artículo 134 constitucional y de resoluciones de los tribunales que han impedido regular esa situación.

“Los órganos electorales hemos avanzado en cuanto a visibilizar las políticas de aplicación de los programas sociales, y particularmente en la Ciudad de México hemos puesto especial atención en que, en tiempos electorales, sea pública la información sobre la entrega de esos apoyos, a efecto de que nuestros oficiales electorales verifiquen que la aplicación de los programas no es condicionada”, destacó.

“Los órganos electorales hemos avanzado en cuanto a visibilizar las políticas de aplicación de los programas sociales, y particularmente en la Ciudad de México hemos puesto especial atención en que, en tiempos electorales, sea pública la información sobre la entrega de esos apoyos, a efecto de que nuestros oficiales electorales verifiquen que la aplicación de los programas no es condicionada”, destacó.