Los despachos que recurren a amenazas, violencia verbal u hostigamiento como, llamadas por la noche y la madrugada, en fines de semana, envío de cartas intimidatorias y amenazantes, entre otras acciones para exigir el pago a deudores, serán sancionados con multas o con cárcel.

Se tipificó como delito la cobranza ilegítima, es decir, que aquel que requiriendo el pago de una deuda, utilice medios ilícitos y/o que realice actos de hostigamiento e intimidación. Además se contemplan sanciones adicionales, en caso de que, al realizar las acciones intimidatorias exigiendo el pago, se llegase a emplear documentación, sellos falsos o que se usurpen funciones públicas o de profesión, para ejercer presión sobre el deudor.

La creación del artículo 209 bis del Código Penal, sancionará a las personas de despachos jurídicos contables o representantes de bancos y tiendas que otorguen un crédito y que quieran cobrar el saldo en las formas ilícitas mencionadas.

Las multas oscilarán entre 150 y 300 salarios mínimos y de seis a dos años de cárcel, pero será un juez quien determine el tipo de sanción a que serán acreedores, según sea el caso.

Olivia Garza, Diputada del PAN, quien impulsó la propuesta aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), destacó que la intención de esta ley es proteger las garantías enmarcadas por el derecho a la vida privada, la paz y la seguridad de las personas.