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Los instrumentos legislativos que serán analizados en comisiones fueron presentados por Alessandra Rojo de la Vega, Miguel Ángel Macedo y Gabriela Salido
Ante el incremento de la incidencia delictiva y por consiguiente de la percepción ciudadana de inseguridad, la diputada del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega, presentó una iniciativa para abrogar la Ley que regula el uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal y expedir la correspondiente de la Ciudad de México.
En ésta se pretende, además de un cambio de denominación, armonizar la normatividad con la Constitución Política de la Ciudad de México, así como con las funciones establecidas para las instituciones de seguridad ciudadana plasmadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local.
También busca establecer que las imágenes captadas en las cámaras de seguridad y los botones de auxilio se conviertan en aliados de los cuerpos de seguridad y de impartición de justicia, para ello, se propone que “el C-5 informe a la Coordinación General del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, de manera inmediata, sobre el deterioro físico de las cámaras y equipos tecnológicos que imposibiliten el cumplimiento de sus funciones”.
Tras afirmar que en la ciudad alrededor de 500 mil personas padecen alguna discapacidad, el diputado de MORENA, Miguel Ángel Macedo, reconoció que ha habido avances para garantizar su derecho a la movilidad, sin embargo, aún hay áreas de oportunidad en la materia, por eso presentó una iniciativa para adicionar y reformar diversos artículos de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.
Con el objetivo de “establecer en ella el derecho de movilidad y armonizarla con lo establecido en la Constitución Política y con la Ley de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, a efecto de que las políticas públicas en la materia consideren el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, de acuerdo a la jerarquía de movilidad, que coloca en primer lugar a peatones, en especial a personas con discapacidad y personas con movilidad limitada”.
En tanto, la diputada del PAN, Gabriela Salido, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, con la finalidad de que 5 por ciento del Impuesto Predial se asigne a la alcaldía en la cual se encuentra el inmueble que lo causa, sin considerar recargos y multas que en su caso se generen y cobren al poseedor de los inmuebles”.
Lo anterior porque “la forma de garantizar que la ciudadanía vea reflejado en su entorno inmediato el pago del impuesto predial respecto de su inmueble, es devolver un porcentaje del mismo, mediante ampliación presupuestal a la alcaldía respectiva; con la finalidad de que dicho importe sea aplicado en mejoras del espacio público y su entorno urbano”, indicó la legisladora.
