El Presidente Medina firma el decreto del Plan Nacional de Regularización

La medida gubernamental cumple con el mandato de la Ley General de Migración 285-04 y de lo dispuesto por la Sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional.
El decreto tiene una importancia fundamental, pues establece los criterios que servirán para establecer el tiempo de radicación, el arraigo con la sociedad y las condiciones laborales y socioeconómicas de los extranjeros en territorio dominicano.
Se cumple asà el objetivo de dotar al paÃs de una regulación migratoria moderna, transparente y funcional, para los extranjeros en situación migratoria irregular. Esto permitirá, tanto ejercer la soberanÃa nacional, como dar protección legal a los extranjeros en territorio dominicano, independientemente de su paÃs de origen.
Se crean, además, mecanismos expeditos y de acompañamiento para la tramitación de las diferentes categorÃas migratorias (residencias permanentes, temporales o no inmigrantes), en beneficio de todas las personas que deban acogerse a esta regulación y satisfagan los requisitos establecidos.
Entre los criterios que demuestran un vÃnculo con la sociedad dominicana, se contará tener hijos nacidos en el paÃs, haber cursado estudios en el mismo, saber hablar y escribir español, residir en un domicilio fijo, convivir con un dominicano y carecer de antecedentes penales.
El decreto también establece la necesidad de que el extranjero demuestre vÃnculos de tipo laboral o socioeconómico con nuestro paÃs. Los criterios designados para acceder a esta categorÃa son: tener constancia de un grado educativo, poseer propiedades muebles o inmuebles, cuentas bancarias o referencias comerciales, contar con un empleo regular durante el tiempo de su permanencia y ejercer un oficio técnico certificado.
El extranjero que desee acogerse al Plan deberá hacer su solicitud dentro de un plazo de dieciocho (18) meses, a partir de la puesta en vigencia del mismo. Aquellos extranjeros que no se acojan al plan podrán optar por la repatriación asistida y en su defecto quedarán sujetos a deportación, según lo dispuesto por el ordenamiento jurÃdico.
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