• Punto de Acuerdo presentado en la Comisión de la Permanente.

Las senadoras Luz María Beristain Navarrete, del PRD, y Layda Sansores San Román, de PT, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Marina y a la Procuraduría General de la República un informe sobre la detención de 16 pobladores de la isla de Holbox, Quintana Roo.

El punto de acuerdo que se turnó a la Tercera Comisión de la Permanente, se establece que el pasado 24 de julio fueron detenidos 16 comuneros, acusados de presuntos delitos ambientales por parte de elementos de la Profepa y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el apoyo de efectivos de la Armada.

El Juzgado Séptimo de Distrito dictó auto de formal prisión contra estas personas, por el desmonte de manglar en un predio al suroeste de la Isla Chica de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas.

Entre los detenidos hay tres topógrafos que fueron contratados para delimitar el poligonal y 12 comuneros contratados para limpiar los terrenos, considerados por el comisariado ejidal como espacio destinado para el crecimiento de la zona urbana, que se ubica a 900 metros de la playa y a 400 metros de la laguna.

Lo más lamentable, agregaron, es la detención de un estudiante universitario de origen yucateco que asegura en su declaración que no tenía nada que ver con el grupo de 15 personas y que su arresto fue por estar en la zona durante el operativo ejecutado por la Secretaria de Marina.

Sin embargo, señalaron los senadores Beristain Navarrete y Sansores San Román, la defensa legal de los comuneros afirma que el juez ignoró pruebas que demuestran la inocencia de los comuneros.

Presuntamente estos comuneros con auto de formal prisión están ligados a los ciudadanos de Holbox que se oponen a dicho proyecto “La Ensenada”, indica el punto de acuerdo propuesto.

Esta especulación, manifestaron las legisladoras, es latente entre los pobladores, quienes en días pasados tomaron la alcaldía de la Isla en protesta y ejecución plena de sus derechos constitucionales para exigir una respuesta por parte de las autoridades en relación al futuro de la Isla.